La instalación de publicidad antes del período legal establecido por el cronograma del Servicio Electoral, es un asunto que complica a los municipios, porque según los alcaldes existe un vacío en la ley sobre votaciones populares y escrutinios que permite la instalación de propaganda sólo treinta días antes de los comicios, lo que en la práctica no se cumple.
El informe es de Ándrea Gómez
Una delgada línea separa el legítimo derecho a informar a los votantes y las reiteradas violaciones a la ley vigente sobre propaganda electoral.
Se trata de un resquicio legal relativo al artículo 30 de la ley, que señala que “se entenderá por propaganda electoral la dirigida a inducir a los electores a emitir su voto por candidatos determinados o a apoyar alguna de las proposiciones sometidas a plebiscito”.
Según la interpretación, si dicha publicidad no hace un llamado directo a votar por el candidato, no se estaría infringiendo la ley, sólo se trataría de un “acto de presencia” o un “recordatorio de nombres”.
La Ley sobre votaciones populares y escrutinios permite la instalación de volantes, móviles y avisos de distinta índole “desde el trigésimo y hasta el tercer día anterior al de la elección o plebiscito, ambos días inclusive” sin embargo, meses antes somos testigos de calles repletas de propaganda electoral.
Cada alcalde sabe lo que tiene que hacer, dijo el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Claudio Arriagada, quien relevó el instructivo que llegó el Servicio Electoral, recordando a los ediles que el período de campaña electoral comienza sólo un mes antes de las elecciones y no una vez que están inscritos los candidatos.
Al respecto, el alcalde de la comuna de Santiago, Pablo Zalaquett, reparó en que muchos de los candidatos se escudan en que si la propaganda no es explícita, es difícil retirar estos carteles. Conciente que un mes de plazo para convencer adherentes es muy poco, adelantó que la orden dada por este municipio es regirse por la normativa.
Mientras, Chilectra instó a los candidatos a no colocar propaganda política en postes y cables. La entidad advirtió que dicha práctica pone en riesgo la vida de las personas, además de afectar el normal funcionamiento del suministro eléctrico.
