Es una historia de nunca acabar. Tras la quiebra de la empresa Alpa que levantaba edificios públicos en Penco por mandato del Gobierno regional, los trabajadores quedaron sin sus indemnizaciones.
El 2007 los tribunales fallaron que era el Gobierno Regional del Bío-Bío el que debía pagar ese dinero, desde esa fecha 29 ex obreros de la empresa vienen pidiendo su dinero, pero hasta hoy no reciben nada. Uno de ellos, Gabriel Fritz, dice que son los mandos medios los que han dificultado el pago.
En mayo pasado, la Intendencia del Bío-Bío comprometió el pago y pidió 194 millones de pesos al Gobierno Central, pero la demora de la firma del Ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, ha retrasado todo.
Aunque el Gobierno pague lo adeudado, el conflicto se mantendrá, pues corresponde a una liquidación hecha en abril pasado, y por lo tanto, quedará como saldo los intereses desde esa fecha a hoy que suman cerca de 3 millones mensuales. Por ese hecho, el abogado de los trabajadores, Adolfo Ortega, decidió presentar una nueva denuncia contra el Gobierno Regional ante Contraloría.
Cabe recordar, que por este conflicto el organismo contralor, ya aplicó sanciones al abogado del Gobierno Regional, Guillermo Brito, por no defender adecuadamente al Estado, y a la ex Intendenta María Soledad Tohá por no fiscalizar adecuadamente a sus funcionarios.
