El Ministerio de Relaciones Exteriores (RR.EE.) de Bolivia, confirmó el jueves que no firmaría un acuerdo definitivo con Chile por el uso de las aguas del río Silala, el afluente que surte de agua a la mina de Chuquicamata y a ciudades del norte del país.

De esta forma, descartan el preacuerdo que firmaron los vicecancilleres de ambas naciones, Hugo Fernández de Bolivia y Alberto Van Klaveren de Chile, el pasado 30 de junio en La Paz.

El retroceso se debe a las presiones que el gobierno de Evo Morales ha recibido por parte de organizaciones civiles, y la oposición para no establecer el cobro a Chile del 50% del uso de aguas del afluente, mientras estudios científicos conjuntos determinan, en un plazo de 4 años, si se trata de un manantial internacional o un río boliviano.

Una situación que no fue acogida de buena manera en el Congreso. En la Cámara, el diputado del PPD, Jorge Tarud, confesó que el anuncio no le sorprende, sin embargo lo lamenta.

Esto, ya que a juicio del integrante de la Comisión de RR.EE. de la Cámara, la noticia evidencia los beneficios políticos que obtiene el gobierno de Evo Morales al dificultar los acuerdos con Chile.

Según Tarud, esta retractación del pre acuerdo por parte de Bolivia, justifica una citación al ministro de RR.EE. chileno, Mariano Fernández, a la comisión del ramo en la Cámara. Una cita que será propuesta el martes en la instancia legislativa.

Desde la comisión homóloga del Senado también lamentaron la noticia. Sin embargo, el PPD, Roberto Muñoz Barra fue más optimista y aseguró que este impasse con Bolivia por las aguas del Silala no afectará al resto de la agenda de 13 puntos que Santiago mantiene con La Paz.

Las diferencias entre Chile y Bolivia por el acuerdo de las aguas del Silala son porque el país trasandino reclama que el afluente es un río boliviano, por lo que los derechos del uso del recurso hídrico es absolutamente suyo.

Bolivia sostiene, además, que las empresas chilenas deben compensar el uso de aguas que ha mantenido por los últimos 100 años.