El ministerio público local abrió una acción civil este lunes contra el diputado y ex gobernador de Sao Paulo, Paulo Maluf, y su familia pidiendo devolver unos 169 millones de dólares desviados del Erario hacia empresas y cuentas particulares.
La Promotoría de Justicia de Patrimonio Público y Social abrió la acción contra el ex alcalde (1992-96) y gobernador (1979-82), su esposa Sylvia, 4 hijos, la ex nuera, una empresa suya y 3 offshore abiertas en las Islas Vírgenes británicas por unos 310 millones de reales (169 millones de dólares al cambio actual), supuestamente obtenidos entre 1993 y 1998 con la sobrefacturación de obras públicas.
Según declaró a los medios locales el procurador Silvio Marques, “hay pruebas cabales de que todo ese dinero fue depositado en empresas de fachada por la familia y en cuentas en el extranjero…”.
El ministerio público federal, que pide también congelamiento de bienes, asegura que casi la mitad del monto está oculta en el exterior y más de 150 millones volvieron a Brasil a bancos o como inversión en empresas vinculadas a la familia Maluf tras circular por unas 50 cuentas abiertas en otros países.
La investigación duró ocho años, abarcando unas 55.000 páginas y se basó, entre otras cosas, en análisis de 270.000 documentos bancarios, constatando que el dinero irregular circuló por cuentas y empresas de Estados Unidos, Suiza, Luxemburgo, Francia, Inglaterra y la isla británica de Jersey, entre otros.
Maluf ha rechazado las acusaciones y sostuvo reiteradamente que “nunca” tuvo cuentas en el exterior.
El diputado, electo en 2006, hace años que afronta diversos procesos y está acusado penalmente entre otros delitos de asociación para delinquir, lavado de dinero público y envío ilegal de recursos al exterior, que cometió, según la fiscalía, cuando gobernaba la principal metrópoli sudamericana.
