Una nueva puja por los miles de millones de dólares en impuestos agrícolas comenzaba este viernes en Argentina con una reunión del Gobierno peronista con las patronales de agricultores, en un conflicto que persiste desde las huelgas que conmovieron al país hace un año.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, un astuto y veterano negociador, recibía la tarde del viernes, en nombre de la Presidenta Cristina Fernández, a los líderes de la Mesa de Enlace agropecuaria, soliviantados por el triunfo opositor en los mayores distritos de los comicios legislativos de junio.

Las patronales reclaman al Gobierno que ceda unos 3.000 millones de dólares de recaudación tributaria por derechos de exportación en favor del campo, que no incluye todos los impuestos federales y provinciales. Fernández está dispuesta a resignar solamente hasta 500 millones, según consultores privados y fuentes oficiales.

Otra vez, como el año pasado, el agro pide reducir de 35% a 25%, o incluso menos, el impuesto que pagan por las exportaciones del grano y sus aceites.