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  • Una disputa de impuestos por platas políticas derivó en una denuncia ante el SII en contra de Joaquín Lavín por parte de su yerno, Isaac Givovich. Los hechos se remontan a la fallida campaña senatorial de 2009 de Lavín e implican a su secretaria, Lorena Espinosa, y su ex generalísima, Cristina Bitar, socia de la empresa de comunicaciones y lobby Azerta. Givovich acusa a su suegro y a Bitar de darle instrucciones para ocultar información y facturar a empresas que no estuvieran relacionadas con la campaña. Correos, mensajes de texto, declaraciones en la fiscalía y el SII, dan cuenta de una compleja trama que atraviesa los casos Penta, SQM y Caval.

    El miércoles 28 de junio, pasadas las 20:00 horas, Joaquín Lavín Infante llegó hasta el café Starbucks de Isidora Goyenechea, en el sector oriente de la capital, para sostener una reunión con parte de su familia. Ahí lo esperaban una de sus hijas y su yerno. Pero también estaban presentes un abogado y un contador. Hablaron de la polémica que atravesaba por esos días el municipio de Las Condes por la eventual demolición de la villa San Luis, un histórico complejo de edificios que levantó el gobierno de Salvador Allende para integrar la ciudad. Lavín estaba en contra de la decisión de la constructora y por esos días buscaba una fórmula para acercar a las partes en conflicto. Habló, precisamente, de esas gestiones, pero no por mucho tiempo. La reunión no era para tratar ese tema y el alcalde no estaba para divagar. Quería saber concretamente por qué lo habían citado ahí, en presencia de un abogado y un contador.

    -Tengo poco tiempo. Vamos al fondo, qué es lo que pasa-, les dijo.

    Apenas terminó su pregunta, sobre la mesa cayeron una serie de documentos tributarios. Entre ellos, una liquidación de impuestos de noviembre de 2015 por $189 millones contra la empresa GES Consultores, de propiedad de su yerno, Isaac Givovich, y su hija, Asunción Lavín (revisa acá la liquidación del SII contra GES). Ambos le dijeron que parte del cobro que les estaba cursando el Servicio de Impuestos Internos (SII) a GES tenían que ver con los servicios que le prestaron en 2009 para su fallida campaña senatorial por la V Región Costa. Le dijeron también que el SII los había fiscalizado, que les estaba cobrando esos impuestos y que él debía pagar, al menos, una parte de ellos.

    Según Isaac y Asunción, GES Consultores operó en dicha campaña como el intermediario de los proveedores, por lo que recibió facturas por los servicios prestados. A su vez, dicen, GES debía facturar dichos montos a la campaña, lo que habría disparado el gasto electoral de Lavín por sobre el límite legal de casi $600 millones. Pero GES Consultores no facturó de vuelta. Tampoco realizó sus declaraciones de impuestos ante el SII y el resto de la familia Lavín no cree que los cobros que el SII le está haciendo a GES Consultores tengan que ver con la campaña de 2009.

    -No tengo nada que ver en esto -retrucó Lavín cuando lo emplazaron-. Ustedes no trabajaron en mi campaña; sino para otras.

    La negativa del alcalde de Las Condes no le agradó a su hija. Asunción le recordó que la plata para los proveedores había pasado por su cuenta bancaria personal y que él mismo le había pedido que no fuera a declarar ante el SII cuando la llamaron a testificar en octubre de 2015, casi un año después de haberse iniciado una fiscalización sobre GES Consultores. También le recordó que su hermana, María Estela, había estado presente en la conversación, por lo que tenía testigos. Pero Lavín no estaba para discusiones. Les dijo que no quería ver los papeles, que para eso tenía un abogado, Cristóbal Bonacic, y que con él se debían entender.

    -Hagan lo que tengan que hacer -dijo Lavín, mientras golpeaba la mesa con uno de sus puños y se ponía de pie-. Hablen con Bonacic y demuéstrenle que esto es mío -lanzó antes de irse.

    Poco más de tres meses han pasado desde esa reunión. De acuerdo a tres fuentes distintas consultadas por Radio Bío Bío, Bonacic se reunió varias veces para tratar este tema con Asunción y otra de las hijas de Lavín (María Estela), y también con James Mery y Juan Alberto Givovich, el abogado y el contador, respectivamente, de Isaac y Asunción. Analizaron los posibles escenarios. Primero se habló de no pagar, pues creían que era difícil que el SII pudiera cobrar los impuestos. Después surgió la duda sobre dos facturas por $300 millones emitidas por GES Consultores a la empresa Wiesner S.A. Ambas estaban anuladas, por lo que no se habían cobrado ni tenían efectos tributarios, pero estaban ahí, incluidas en la liquidación. Y el nombre Wiesner generaba ruido. Se trataba de la fallida sociedad que había vendido tres predios en Machalí a Caval, en $6.500 millones.

    Algo olía mal. La liquidación, además, incluía una serie de otras multas que nada tenían que ver con el tema. Lavín no se haría cargo de nada. Isaac y Asunción le dijeron que tendrían que tomar acciones. Un querella, una denuncia. Pero no se quedarían así. En ese momento se dieron cuentas que estaban solos, aislados. La familia comenzaba a quebrarse.

    Cristóbal Bonacic es un abogado conocido en la plaza. Lleva los asuntos de Joaquín Lavín cuando éste lo requiere, y también participa en el caso SQM defendiendo al senador de la Democracia Cristiana (DC), Jorge Pizarro. Bonacic fue contactado por La Radio para contrastar la información, pero al abogado negó todo. Dijo que no revisó la liquidación y que nunca hubo reuniones.

    Pero hay testimonios y documentos que lo desmienten. Radio Bío Bío conversó con varios miembros de la familia Lavín que reconstruyeron la cita en el café Starbucks y confirmaron el rol posterior de Bonacic. De hecho, este medio tuvo a la vista un mensaje de WhatsApp entre Lavín y su hija Asunción, en el que se coordina la reunión con Bonacic; y otro del propio abogado con Asunción, en el que le dice que suba a la oficina para concretar la cita.

    Los mensajes entre Asunción Lavín, Cristóbal Bonacic y Joaquín Lavín.
    Los mensajes entre Asunción Lavín, Cristóbal Bonacic y Joaquín Lavín.

    La denuncia ante el SII

    Emiliano Arias apenas conocía a Isaac Givovich. Había visto su nombre en la prensa hace unos años, cuando el yerno de Lavín trabajaba en la municipalidad de Huechuraba y se enfrentó públicamente a la ex alcaldesa de esa comuna, Carolina Plaza, por supuestas faltas a la probidad dada la relación entre el municipio y la empresa Gestión Municipal Avanzada (GMA). Aparte de eso, y de la relación familiar con Lavín, para Arias Givovich era un desconocido.

    Arias fue nombrado en mayo de 2016 como fiscal regional de O’Higgins y a mediados de septiembre de este año asumió el control del caso Caval y todas sus aristas. Fue entonces que el nombre de Isaac Givovich le apareció nuevamente. Poco tardó en hacer lo que no había hecho Sergio Moya, el fiscal que hasta la fecha tenía el caso en sus manos: anunciar la formalización del dueño de GES Consultores por la facilitación de factura falsa a Juan Díaz, otro de los implicados en el caso Caval (revisa acá la declaración de Givovich ante el SII por el caso Caval).

    El Ministerio Público cree que con dicha factura ambos se concertaron para extraer dinero de Wiesner, la quebrada sociedad que vendió los terrenos en Machalí. La misma factura, además, es la que aparece en la liquidación que Lavín no quiso leer en el Starbucks de Isidora Goyenechea.

    La formalización de Givovich caía justo en medio de la disputa con su suegro. Bonacic les habría dicho que la liquidación algo tenía que ver con Caval y el propio Lavín se había preocupado de mandar mensajes a través de otros miembros de la familia en esa misma línea. Por eso Isaac y Asunción sospecharon que, de alguna manera, había influenciado la formalización por el caso Caval. Y decidieron actuar.

    El 18 de septiembre pasado, en medio de las fiestas patrias, Givovich ingresó por internet una denuncia ante el SII. En ella mencionó a todos los que participaron en la campaña de 2009. Cristina Bitar y Lorena Espinosa, dice la denuncia, fueron quienes le entregaban el dinero para pagar a los proveedores. Joaquín Lavín León y Cathy Barriga, eran parte del personal pagado de la campaña a su cargo. Pero el principal acusado era su suegro. Según Givovich, Lavín Infante le instruyó “ocultar” la información de la campaña de 2009 y que, de no hacerlo, se le vincularía a “otro caso de connotación pública” por el cual se le “imputarían multas”. Givovich se refería al caso Caval. Esas advertencias, agregó, las recibió a través de su esposa, Asunción Lavín, y otras personas.

    “He recibido instrucciones precisas del señor Lavín Infante de ocultar constantemente esta situación”, dice el documento que presentó Givovich ante el SII. “Se me avisa que si hago esta denuncia se me vincularía a otro caso de conmoción pública y se me imputarían multas por parte de este servicio (SII) a causa de ese caso (Caval)” (revisa acá la denuncia completa ante el SII).

    La advertencia que le habían hecho a Lavín sobre la denuncia se había concretado. La familia ya estaba quebrada.

    Isaac Givovich y Asunción Lavín
    Isaac Givovich y Asunción Lavín

    En el Ministerio Público, en todo caso, descartan cualquier vinculación entre ambos casos. Hay escuchas telefónicas entre Isaac Givovich y Juan Díaz, el otro implicado en el caso Caval, que dan cuenta de la facilitación de la factura, dice una fuente vinculada a la investigación. Esa es la pieza clave de la fiscalía y la verdadera razón de su formalización (revisa acá la transcripción de la escucha telefónica entre Isaac Givovich [voz masculina] y Juan Díaz [voz masculina 1]).

    Pero en el expediente del caso Caval falta algo. Algo que la defensa de Givovich, encabezada por el abogado Alfredo Morgado, también cree que es clave: la liquidación que Lavín no quiso leer en el Starbucks de Isidora Goyenechea.

    De acuerdo a diversos testimonios que pudo recopilar Radio Bío Bío y a la revisión de dicha liquidación con un abogado tributarista, los impuestos que el SII está cobrando a GES Consultores corresponden a los años comerciales 2011, 2012 y 2013. En otras palabras, el periodo no coincide con la campaña senatorial de Lavín de 2009 ni con las facturas que emitió GES Consultores en julio y octubre de 2014 a Wiesner S.A.

    Desde el entorno de Givovich, sin embargo, aseguran que en 2011 la imprenta Huerta & Contreras le facturó a GES Consultores $140 millones por los servicios que prestó para la campaña de Lavín en 2009. Alex Contreras, el representante legal de Huerta & Contreras, empresa que ha sido salpicada, como muchas otras imprentas del país, por casos de financiamiento irregular de la política, no estuvo disponible para corroborar la emisión de dicha factura en 2011. Es más, la otra parte de la familia Lavín asegura que la denuncia de Givovich no tiene nada que ver con la campaña senatorial de 2009 y es más bien un intento de tapar los efectos de su inminente formalización en el caso Caval.

    Bitar y sus instrucciones sobre platas de campaña

    Pudo ser en agosto u otro mes de 2009. Lorena Espinosa, quien durante años se ha desempeñado como la secretaria personal de Joaquín Lavín, no lo tenía claro cuando fue interrogada por la fiscalía. De lo que sí estaba segura era de que el dinero que había recibido venía de Ernesto Silva Bafalluy (fallecido en 2011), padre del diputado de la UDI del mismo nombre y rector, en ese entonces, de la Universidad del Desarrollo (UDD).

    “Ese año 2009, en algún momento, don Ernesto Silva Bafalluy, que puede ser en agosto, en mi oficina de la universidad, se acercó don Ernesto y me entrega un cheque a mi nombre y cruzado por $2.300.000. Lorena, me dijo, haga efectivo este cheque y manténgalo como caja chica para cosas que necesita Joaquín” (sic), declaró Espinosa el 29 de enero de 2015 en calidad de imputada ante los fiscales Pablo Norambuena y José Antonio Villalobos.

    La trazabilidad del dinero que Ernesto Silva le entregó a Espinosa llevaba a una ruta directa hasta SQM, la empresa que Julio Ponce controla mediante las sociedades cascadas y que corrompió el financiamiento del sistema político de extremo a extremo.

    Cristina Bitar | Rodrigo Sáenz | Agencia UNO
    Cristina Bitar | Rodrigo Sáenz | Agencia UNO

    Carolina de la Cerda, cuñada del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, emitió una boleta el 21 de julio de 2009 por $7.500.001 a SQM. La glosa de la boleta indica que prestó asesorías financieras a la empresa. Pero eso era falso y por ello el SII se querelló en contra de ambos. La boleta se trataba, más bien, del inicio del caso SQM y de parte del financiamiento de la campaña de Lavín.

    “Hice los tres cheques a nombre de Cristina Bitar, Ernesto Silva Bafalluy y Lorena Espinosa”, dijo De la Cerda en su declaración del 13 de febrero de 2015, ante los fiscales.

    Por esa misma fecha, Bitar, quien se desempeñó como directora operacional y comunicacional de la campaña senatorial de Lavín, reconocería los aportes en una declaración ante el fiscal Carlos Gajardo. “Esos fondos tienen que haber sido para reembolsar gastos que yo había realizado para la campaña”, dijo Bitar. “Ignoro absolutamente los temas de financiamiento de la campaña de Joaquín Lavín. Esos temas los veía Ernesto Silva Bafalluy”, agregó.

    Bitar, en todo caso, también recibió dinero de SQM a través de Asesoría e Inversiones Lima, una sociedad en la que tenía el 99% y su padre, Lorenzo Bitar, el otro 1%. Lima recibió $185 millones de SQM, pero Bitar dijo a El Mercurio que tenía un contrato firmado con “Patricio Contesse (el ex gerente general de SQM) por un año completo, desde octubre de 2009 a octubre de 2010”. Sin embargo, Lima apareció en la lista de rectificaciones de SQM, lo que supone que los servicios nunca fueron prestados realmente. Un artículo de Ciper le atribuye, además, al menos un pago a uno de los integrantes de la red de boleteros de Pablo Longueria (UDI) y una rectificación de su propia empresa ante el SII por casi $50 millones. Este último dato implica que, eventualmente, también habría financiado la política sin una contraprestación de servicios que justificara el gasto.

    La arista Lavín del caso Penta/SQM y el eventual financiamiento ilegal de su campaña se diluyó. Parte importante de eso tuvo que ver con que Ernesto Silva Bafalluy había muerto en 2011, lo que dificultó seguir esa línea investigativa. Para Bitar también se cerró el caso y su afirmación de que nada sabía de las platas de la campaña de Lavín quedó como su último testimonio en la causa. Pero la denuncia de Givovich ante el SII dice que Bitar sí estaba al tanto del financiamiento y rendición de los gastos de la campaña.

    “No vamos a tener efectivo por lo cual tenemos que ver alguna facturación razonable a Lavín o la UDI de empresas no relacionadas (GES)”, dice un correo electrónico del 20 de octubre de 2009 que Bitar le envió a Espinosa y que ésta reenvió a Givovich. “Tal vez el mismo circo le puede facturar a Lavín, tu a la UDI o Marcelo Forni proveedores directo a la UDI” (sic).

    El correo de Bitar, socia de la empresa de comunicaciones y lobby Azerta, empresa de la que hace poco se retiró Gonzalo Cordero, actual estratega comunicacional de la campaña presidencial de Sebastián Piñera, fue interpretado por Givovich como una instrucción directa a no facturar a la campaña de Lavín, pues el gasto legal electoral estaba al límite. Había, entonces, que facturar a empresas externas, ocultando dicho gasto. Pero Givovich tampoco hizo eso. De hecho, no hizo nada. No facturó a terceros ni declaró el gasto ante el SII.

    “En mi calidad de representante legal (de GES Consultores) me tocó convenir con diferentes proveedores formas de pago y compra de materiales, a la vez de manera sistemática debía rendir cuenta y pagar a estos proveedores”, dice la denuncia de Givovich ante el SII. “Los dineros recibidos fueron entregados por Cristina Bitar y Lorena Espinosa, los cuales fueron entregados en efectivo y mediante transferencias a mi cónyuge Asunción Lavín León y a mi persona”.

    Bitar no quiso hablar para este reportaje. Pero una fuente que estuvo vinculada a su trabajo en la campaña, asegura que las relaciones con Givovich estaban rotas y que, precisamente, el tenor del correo apunta a lo contrario. Es decir, que GES Consultores no se siguiera relacionando con la campaña.

    Como sea, cuando aparecieron las boletas de Espinosa y Bitar, Joaquín Lavín se defendió diciendo algo similar a lo que declaró su directora operacional y comunicacional de la campaña senatorial: “Con franqueza total, no tenía idea, desconozco esta situación”. Aunque sí reconoció una cierta responsabilidad moral en los hechos.

    “Quiero ser muy claro y estoy seguro que las personas que trabajaron en mi campaña, la campaña de hace cinco años atrás, en 2009, lo que hayan hecho bien o mal lo hicieron por mí, por ayudarme, y por eso me siento igual moralmente responsable y espero que esto se aclare lo antes posible”, dijo Lavín en en su programa de radio Agricultura.

    Givovich, en su denuncia, da a entender que no le cree. “Recibí instrucción a sabiendas del señor Lavín Infante de que no facturara a su persona, y a la vez se me indica que facture a un partido político UDI o a empresas relacionadas, lo cual no acepté debido a que era un delito”, dijo el dueño de GES Consultores, destapando con ello una disputa familiar y de financiamiento de la política que, hasta ahora, estaba oculta.

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