De manera discreta avanzan las gestiones para resolver el conflicto que se desató entre el Ministerio Público y el Senado, luego que éste último se negara a entregar los informes contratados como asesorías externas entre 2011 y agosto de 2017. Aunque aún no hay una decisión tomada, durante las últimas semanas se han tendido canales de entendimiento entre ambos poderes del Estado para evitar que las discrepancias se resuelvan mediante una orden judicial. En esta línea, los acercamientos abrieron recientemente la posibilidad de liberar de manera gradual los documentos en un plazo más flexible, que podría extenderse incluso hasta después de las elecciones presidenciales del próximo 19 de noviembre.
La indagatoria de el Ministerio Público a la Cámara Alta inició tras conocerse una investigación de Radio Bío Bío que reveló que, hasta la fecha de publicación del reportaje, el senador y candidato presidencial, Alejandro Guillier, había pagado vía asignaciones parlamentarias cerca de $19 millones a Omar Beltrán, abogado que rindió como propios informes copiados de la web del Congreso.
“Para la fiscalía, Beltrán fue el puente a la otra torre”, afirma uno de los abogados involucrados en la disputa. Pero los fiscales han argumentado que las sospechas sobre eventuales irregularidades en la Cámara Alta comenzaron a incubarse meses antes, cuando detectaron plagio en los informes de asesorías externas de los diputados a los que tuvieron acceso en mayo. Según explicaron, la alerta fue la vinculación laboral de algunos de estos asesores con senadores y la de otros denunciados en el marco de la investigación que llevan a cabo por financiamiento irregular de la política. Todos estos antecedentes se transformaron en la llave con la que hoy el Ministerio Público busca llegar a la batería de informes contratados por la Corporación que, de acuerdo a un reportaje de La Tercera, han tenido un costo de $6.200 millones para 234 asesores externos en los últimos cinco años.
Los puentes entre las Cámaras y los nexos con SQM
En este contexto, Radio Bío Bío examinó las nóminas disponibles en la sección de Transparencia del Congreso y detectó que entre 2012 y 2017, al menos, una decena de profesionales prestó asesoría externa en ambas Cámaras. Se trata de seis personas jurídicas y cuatro personas naturales: Paola Pía Lecaros; Javier Sánchez Reyes; Michel De L’Herbe; Instagis SPA; Instituto Libertad; Corporación Centro de Estudios y Gestión Ambiental para el Desarrollo (Cegades); Centro Democracia y Comunidad; Servicios de Visión y Gestión Estratégica Limitada; Pablo Urquízar Muñoz e Instituto Igualdad.
En los cinco primeros casos sólo se ha detectado, con la información disponible, que prestaron servicios a ambas cámaras. Pero hasta ahora no se ha comprobado plagio en sus trabajos. Los cinco restantes, sin embargo, y de acuerdo a una nómina publicada por Ciper, sí habrían cometido algún grado de plagio en informes contratados vía asignaciones parlamentarias por diputados. En este grupo, además, hay dos entidades que estuvieron vinculadas al caso SQM.
Una de ellas es Cegades, think tank de la DC creado en 1991. En 2015 la Fundación Ciudadano Inteligente solicitó al, en ese entonces, fiscal nacional, Sabas Chahuán, interrogar a representantes de esta corporación por la existencia de boletas o facturas de servicios prestados a SQM entre 2009 a 2014. En paralelo, entre 2012 y 2016, esta entidad se adjudicó contratos de asesoría a diputados por $121.999.654, mientras que a la fecha ha recibido $197.759.413 solo por trabajos para el senador DC, Jorge Pizarro.
“Trabajo con ellos (Cegades) desde hace algunos años. Me han asesorado y estoy conforme con el trabajo que hacemos en conjunto”, dijo Pizarro, quien en agosto de este año fue imputado por haber recibido dineros de SQM a través de la empresa de sus hijos, Ventus Consulting, y que el 24 de octubre será reformalizado en la misma causa.
También se vio ligada al caso SQM la firma de asesorías Servicios de Visión y Gestión Estratégica Limitada, luego de que en 2016 la fiscalía ordenara a la PDI investigar su contabilidad. Esta empresa fue creada por Carlos Tudela Aroca y sus hijos, Daniela y Carlos Tudela García. Tudela Aroca -quien se retiró de la sociedad en 2013- es parte del registro de lobbistas del Congreso, ha prestado servicios para entidades empresariales como la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y mantiene redes con la DC. Pese al espíritu demócrata cristiano que ronda a esta compañía, el senador socialista Rabindranath Quinteros decidió contratarla por el máximo mensual disponible para asesorías externas ($2.941.775), pagando entre mayo y diciembre de 2014 un total de $23.534.200. En la Cámara, Servicios de Visión y Gestión Estratégica proveyó asesoría externa a los diputados DC Ricardo Rincón, Jorge Sabag, Víctor Torres y al ex legislador, Eduardo Cerda García, por $107.110.993 entre 2013 y 2014.
Mauricio Daza, abogado representante de la Fundación Ciudadano Inteligente y también asesor de senadores, explicó que algunos pagos efectuados por SQM a entidades que ofician de asesores en el Congreso “no parecen proporcionales a aquello que entregan de trabajo”, pudiendo eventualmente haber constituido “pantallas para incluso triangular dinero con los propios parlamentarios”. Por ello, lamenta que hasta ahora no se haya profundizado en esta línea investigativa e insta a que el Senado transparente toda la información reclamada por la fiscalía.
Otra de las entidades que ha asesorado a diputados y senadores DC es el Centro Democracia y Comunidad, creado en 2010 y dirigido por el DC, Eugenio Ortega Frei, ex esposo de la ministra Javiera Blanco. Anualmente ha asesorado de manera externa a más de 13 diputados, recibiendo por ello a partir de 2012 un total de $82.889.666. En abril de 2017 obtuvo $1.880.000 por un informe para la senadora y candidata presidencial DC, Carolina Goic, sobre la “historia de la ley que incentiva a la inclusión de discapacitados al mundo laboral”.
También en la DC, otra coincidencia se da entre la diputada Yasna Provoste, la bancada de diputados y el senador y presidente del Senado, Andrés Zaldívar, quienes han requerido los servicios del experto en emergencias, Michel De L’Herbe, para realizar asesorías en materia de su competencia, incluyendo la discusión del proyecto que crea la nueva Oficina Nacional de Emergencias (Onemi). En el período examinado, Michel De L’Herbe recibió en total $11.591.386.
En el Partido Socialista (PS) una de las personas jurídicas con presencia en ambas cámaras es el Instituto Igualdad. Se trata de una fundación de derecho privado sin fines de lucro creada en 2004 por el PS, dedicada a la “contribución al fortalecimiento de las instituciones democráticas y republicanas de Chile, y la difusión de las ideas democráticas en un marco de igualdad social, crecimiento económico con bienestar, integración y cohesión social, con respeto pleno de la pluralidad y la libertad”. Entre 2012 y 2014 se adjudicó cerca de $38.275.261 por trabajos realizados para el Senado y $631.761.702 desde 2012 a la fecha para la Cámara de Diputados.
Todos los legisladores que han requerido sus servicios son socialistas. Entre ellos están Isabel Allende, Juan Pablo Letelier, Carlos Montes, Fulvio Rossi, Rabindranath Quinteros y Alfonso De Urresti. En la Cámara, ha asesorado a más de 16 diputados PS, entre ellos al presidente de la Cámara, Fidel Espinoza y los legisladores Osvaldo Andrade, Marcelo Schilling y Clemira Pacheco. Tras el reportaje de Ciper, Roberto Santa Cruz, director del Programa de Asistencia Legislativa de la institución, emitió una declaración pública detallando que el equipo de asesorías parlamentarias está compuesto por 12 personas que “no sólo genera contenido a través de minutas legislativas, sino también acompañamiento en todas las etapas del proceso legislativo. Como también, creación de indicaciones, mociones, proyectos de acuerdo e intervenciones entre otras materias”. En paralelo, también lamentaron la existencia de cualquier falla en los procedimientos metodológicos.
“Los profesionales no solo realizan minutas, sino que nos acompañan en los procesos legislativos”, defiende el senador PS, Alfonso De Urresti. El senador también realza la labor de Javier Gonzalo Sánchez Reyes, a quien ha pagado vía asignación $115.708.042 por servicios prestados desde 2014. En paralelo, este licenciado en comunicación ha recibido $188.355.743 por asesorías realizadas a los diputados PS Fidel Espinoza y Jenny Álvarez, desde 2012.
“Es de mi absoluta confianza porque está permanentemente conmigo. Me confecciona proyectos de acuerdo, proyectos de ley y que preste servicios en la Cámara de Diputados me permite tener una visión de todo el proceso legislativo. Hay mucha información que me es útil para poder hacer seguimiento a los proyectos de ley”, dice De Urresti. De todos modos, admite que solicitó la revisión de los informes que contrató.
El asesor de Claudia Nogueira
En el listado de asesores que realizaron trabajos para ambas cámaras, el que recibió la mayor suma del Senado desde 2012 a la fecha es el Instituto Libertad, con $223.367.333. Esta entidad ha trabajado para una extensa nómina de parlamentarios; todos ellos de Renovación Nacional (RN). De hecho, fue fundado en 1990 por líderes icónicos del partido como Sergio Onofre Jarpa, Miguel Otero, Andrés Allamand, Sebastián Piñera, Sergio Romero, Alberto Espina y Evelyn Matthei. Sus objetivos son “investigar, analizar y divulgar, con criterios independientes, críticos y objetivos, temas filosóficos, políticos, legales, sociales y económicos y los asuntos públicos en general, sobre la base de los valores y principios que inspiran a una sociedad libre, pacífica, próspera y justa”.
“Ellos me hacen informes sobre ejecución presupuestaria mensual”, especifica el senador RN, José García Ruminot. En el período analizado, el Instituto Libertad recopiló $337.847.759 desde la Cámara Baja.
Otro de los asesores con presencia en ambas Cámaras es Pablo Urquízar Muñoz, cuyos informes también fueron asociados a plagio parcial por Ciper. Este abogado ha cobrado $119.424.000 por trabajos para los senadores Alberto Espina (RN) y Jacqueline Van Rysselberghe (UDI). En la Cámara, ha prestado servicios desde 2015 a la diputada UDI Claudia Nogueira por un total de $50.947.777.
Este año, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella en contra de la diputada Nogueira y la ex jefa de prensa de ese partido, Lily Zúñiga, por fraude al Fisco, luego que la periodista se autodenunciara ante la fiscalía por haber extendido boletas a la Cámara por asesorías a Nogueira sin haber prestado servicios. En 2010 la diputada fue formalizada luego de que se comprobara que desvió $28 millones destinados a asignaciones parlamentarias a una cuenta personal, debiendo posteriormente restituir el dinero.
Van Rysselberghe, por su parte, pagó $1.200.000 a Instagis Spa. que desde 2016 asesora al RN Gonzalo Fuenzalida y al ex RN Rojo Edwards, mientras que la periodista Pía Lecaros ha desarrollado trabajos audiovisuales para parlamentarios PS, DC, PPD, UDI y RN haciéndose acreedora por ello de $142 millones desde 2012.
Nota de la redacción: Pablo Urquízar Muñoz, asesor de Alberto Espina (RN), Jacqueline Van Rysselberghe (UDI) y Claudia Nogueira (UDI), aludido en este artículo, envió una carta a Radio Bío Bío para expresar su opinión respecto a lo publicado. El contenido íntegro de dicha carta puede revisarlo acá.
Los 10 asesores en la mira de la Fiscalía que prestaron servicios a diputados y senadores
