Fotografía: ARCHIVO | Francisco Castillo | Agencia UNO

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  • La hebra que involucra al PPD en el caso SQM no se extinguió con la condena al representante de la Corporación Chile Ambiente, Patricio Rodrigo. Un hasta ahora desconocido informe pericial sobre sus cuentas revela nuevas inconsistencias que podrían volver a abrirle un flanco al ex hombre fuerte de la campaña contra HidroAysén: facturas emitidas a empresas sin giro vigente, sin registro oficial o incluso antes de constituirse. También dineros que su principal fuente de ingresos, una firma del family office de Andrónico Luksic, le pagó y que no entraron a sus arcas. Pero lo que más complica a los otros militantes del PPD formalizados son las facturas falsas de otra entidad sin fines de lucro vinculada a las operaciones de financiamiento ilegal del partido: la Corporación Innovación y Democracia. La fiscalía ya envió los antecedentes al SII y está a la espera de una posible acción judicial por nuevos delitos tributarios.

    Partía junio y ya frente al estrado, el ingeniero agrónomo, ambientalista y ex secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia, Patricio Rodrigo, enfrentaba la fase final de su paso por el caso SQM. Sabía lo que se venía, pues ya lo había acordado junto a su abogado con el Ministerio Público: una pena remitida de 600 días y una multa por cinco unidades tributarias anuales (UTA), equivalente a unos $2,8 millones. Él reconocería todo por lo cual se le acusaba a cambio de un procedimiento abreviado, de una salida rápida. Lo de las facturas falsas para obtener recursos a través de la Corporación Chile Ambiente y el posterior traspaso de esas platas hacia un partido político. Ya todo estaba comprobado con correos electrónicos, documentos, informes policiales y periciales y las declaraciones de distintas personas, así que no había mucha más vuelta que darle.

    Esa tarde del viernes 2 de junio, Rodrigo se convirtió en el tercer condenado en la mayor investigación por financiamiento ilegal de la política que se ha registrado en Chile (ver sentencia). Fue también en esa misma audiencia que se acercó al micrófono y dijo: “Ningún dinero proveniente de las donaciones vino a parar a mi persona. La mayoría de los recursos fue a parar a las cuentas del Partido por la Democracia (PPD)”.

    La última de las pruebas que usó la fiscalía en su contra llegó apenas cuatro días antes de que se dictara su condena. Se trata de un informe pericial contable que los persecutores encargaron en enero a una perito de la Unidad Especializada en Delitos Económicos de la Fiscalía Nacional y que fue remitido a la fiscal Carmen Gloria Segura el pasado 29 de mayo. Además de corroborar la emisión de facturas ideológicamente falsas a SQM Salar y el traspaso irregular e ilegal de al menos $66,6 millones desde la corporación hacia el PPD, el documento da cuenta de otras graves inconsistencias en su contabilidad, que podrían abrirle un nuevo flanco a Rodrigo, complicar la situación de los otros imputados vinculados a esas operaciones y ampliar la investigación a una nueva entidad relacionada con el PPD.

    Radio Bío Bío tuvo acceso a ese informe, donde se detallan todos los clientes y proveedores que Chile Ambiente tuvo entre 2011 y 2014 y el ingreso y salida de sus platas. Allí se da cuenta de que la principal fuente de ingresos de la entidad que comandó la oposición al proyecto HidroAysén proviene de Las Margaritas S.A., una empresa que opera bajo el alero de Inversiones Consolidadas, el family office de Andrónico Luksic, y que desde hace unos años ha intentado construir un proyecto de conservación del hábitat del huemul a pocos kilómetros de Villa O´Higgins, en la Región de Aysén. La corporación que representa legalmente Patricio Rodrigo ha estado a cargo de los estudios para ese proyecto. Según el peritaje, de los $74,2 millones facturados a Las Margaritas entre 2012 y 2013, sólo una quinta parte ingresó a las cuentas de Chile Ambiente.

    También se detectó la facturación a empresas cuyos rut no existen en la base de datos del Servicio de Impuestos Internos (SII), a una que presenta término de giro desde hace más de una década -por lo que ya no puede realizar actividades comerciales- y a otra que ni siquiera existía formalmente cuando se les cobró por el supuesto servicio. Más del 48% de los ingresos registrados por la corporación en el período investigado correspondería a este tipo de operaciones.

    Contactados para este reportaje, representantes de algunas de esas empresas identificadas en el peritaje señalaron desconocer por completo la existencia de la corporación y negaron categóricamente haberle contratado servicios.

    Dice el documento sobre esas facturas: “Que las mismas hayan sido incluidas como ingresos en los ejercicios tributarios respectivos para efectos de afectarlos con impuesto a la renta, da cuenta de la intención de mostrar una apariencia contable y tributaria para justificar dineros como si fueran ingresos del giro”.

    Aunque todo eso fue usado como prueba para condenar al fundador, secretario general y representante legal de Chile Ambiente, la arista que lo involucró a él y al PPD en el Caso SQM sigue abierta. Una fuente de la fiscalía asegura que aunque no todas las inconsistencias identificadas en el informe son de su interés, pues no habría necesariamente indicios de delito en todas ellas, sí hay algunas que podrían abrir nuevas líneas en la investigación. Se refiere específicamente a las 11 facturas que otra entidad sin fines de lucro emitió a Chile Ambiente por servicios que no se prestaron y que sirvieron sólo para justificar contablemente las transferencias al PPD: la Corporación Innovación y Democracia.

    De esos documentos, dice el informe: “Da cuenta de que la sociedad realizó registros en su contabilidad de hechos económicos que no habrían ocurrido”.

    El presidente de Chile Ambiente y abogado que representó a Rodrigo en el Caso SQM, Marcelo Castillo, aseguró a Radio Bío Bío que la fiscalía no le ha entregado copia del informe, por lo que desconoce su contenido y conclusiones. “En todo caso, atendido a que fue invocado como prueba en el respectivo procedimiento abreviado, y sus conclusiones no se consideraron de relevancia penal, estimamos que no aportó ningún antecedente nuevo a la investigación”, agregó.

    Sin embargo, los antecedentes ya fueron remitidos por el Ministerio Público al SII y el futuro de una posible acción penal ahora está en sus manos.

    La trenza aún abierta entre dos corporaciones y un partido político

    El vínculo entre Chile Ambiente y el complejo entramado de financiamiento ilegal de la política a través de SQM se hizo evidente cuando la minera no metálica controlada por Julio Ponce rectificó ante el SII las declaraciones de impuestos de una de sus filiales: SQM Salar. Allí se incluían 10 facturas pagadas a la corporación ambientalista entre 2011 y 2012 por un total de $57 millones, y que correspondían a servicios que nunca se realizaron. La ruta de ese dinero fue investigada por la PDI, que en un informe que se conoció en mayo de 2016 detectó una triangulación que partía en Chile Ambiente, pasaba por la Corporación Innovación y Democracia y terminaba en las cuentas del PPD.

    Todo ocurrió cuando el partido era presidido por la ex diputada y ex vocera del primer gobierno de Michelle Bachelet, Carolina Tohá, quien en 2012 fue electa alcaldesa de Santiago. En todo caso, la indagatoria no ha podido acreditar que ella haya estado al tanto del mecanismo de financiamiento irregular -ella lo negó y otros imputados la blindaron-, por lo que el foco de la fiscalía ha estado sobre Patricio Rodrigo, y otros dos militantes que dieron forma a la trenza y que desde el año pasado están formalizados: el ex tesorero del partido, Luis Matte, y su ex jefe de administración y finanzas, Sergio Ortega.

    Fue Matte quien pactó con el gerente general de SQM, Patricio Contesse, el traspaso de dineros desde la minera hacia el PPD en cuotas respaldadas por facturas de terceros. Y fueron él y Ortega quienes solicitaron a Rodrigo que usara para ello los documentos de Chile Ambiente. La mayor parte del dinero recibido sería girado a través de cheques directos hacia las arcas del PPD, y a cambio la corporación se quedaría con un overhead (comisión) que en la práctica equivalió al 30% de lo facturado. De los $57 millones que llegaron desde SQM Salar, la entidad ambientalista retuvo $17,4 millones.

    A esos dineros, se suman otros $30 millones que Chile Ambiente recibió en julio de 2011 desde Energía Coyanco S.A., de los cuales $27 millones fueron luego depositados en la cuenta corriente del partido. A diferencia de las platas de SQM, éstas fueron desde un comienzo reconocidas como un aporte al PPD -y así quedó consignado en el libro mayor del partido-, ya que durante ocho meses (desde el 30 de junio de 2011 hasta el 23 de febrero de 2012) la corporación representada por Rodrigo estuvo inscrita en el Servel como un instituto de formación política asociado al PPD, y como tal estaba habilitado para recibir donaciones a su favor.

    En total, Chile Ambiente transfirió $66,6 millones al PPD. Y es en la justificación de esos traspasos que aparece en escena la Corporación Innovación y Democracia: todos los cheques girados al partido fueron contra facturas de esa organización por servicios inexistentes. De hecho, del peritaje se desprende que esas transferencias corresponden al 62% de los egresos de Chile Ambiente durante todo el período investigado.

    Lo extraño es que según un artículo de El Mercurio, Innovación y Democracia dejó de operar en 2006, cuando era dirigida por Gustavo Silva, un antiguo tesorero del PPD. Según declaró Rodrigo, él habría sido contraparte en el supuesto convenio con SQM Salar, pero cuando Silva fue citado a declarar lo desmintió: dijo que no conoce a Rodrigo y que no supo nunca sobre esas facturas.

    Los antecedentes que maneja la fiscalía dan cuenta de que las facturas de Innovación y Democracia salieron de un talonario que estaba guardado en la sede del PPD, bajo la custodia de Matte y Ortega.

    Son esos últimos datos los que, a pesar de la condena de Rodrigo, hoy mantienen abierta la arista que involucra a los otros dos militantes del PPD. Desde la fiscalía señalan que se trata de delitos que aún no están denunciados y que incluso podrían volver a complicar la situación de Patricio Rodrigo. Si los antecedentes que ya fueron remitidos al SII son considerados para una nueva acción penal, la investigación podría ampliarse hacia la Corporación Innovación y Democracia, la que justo un mes después de hacerse público su vínculo con el Caso SQM declaró su término de giro.

    Clientes fantasma

    Aunque la emisión de algunas facturas de Chile Ambiente “resulta anómala -dice el peritaje-, también se observan otras facturas emitidas que parecieran estar relacionadas con el desarrollo de su actividad”. Eso sí, la autora del reporte, la analista de la Fiscalía Nacional, Claudia González, apuntó que para tener certeza de ello habría que verificar con las facturas y los informes o documentos asociados a los supuestos servicios que habría prestado la corporación.

    El análisis detectó que entre 2011 y 2014, la corporación registró la venta de servicios a 14 clientes distintos por más de $337 millones. Algunos figuran mencionados en un documento que la propia corporación publicó en su web en agosto de 2015, donde enumera los proyectos ambientales en que había participado desde 1997. ¿Qué tan real es la información que aparece allí detallada? Difícil saberlo, ya que ahí está enunciado un proyecto llamado “Biodiversidad amenazada por la explotación del Litio y Potasio en la Cuenca del Salar de Atacama”, supuestamente realizado en 2012, y cuyo mandante habría sido precisamente la empresa que acusó que los servicios no existieron: SQM Salar.

    También existen dudas respecto a otras facturas emitidas por Chile Ambiente. En el libro de ventas de la corporación aparece un pago en 2012 por $25 millones a un cliente identificado simplemente como “INMOBILIARIA”. Sin embargo, el rut allí indicado (96.793.570-0) corresponde una sociedad anónima llamada Agrícola Santa Teresa, que según los registros del SII figura con término de giro desde 2003.

    Por otro lado, el informe señala que hay dos facturas emitidas en mayo y noviembre de 2011 por un total cercano a los $19 millones a una empresa cuyo rut corresponde a Grupo SpA (76.187.207-9), una firma que según los registros del SII explotó el giro de restaurantes y banquetería durante el tiempo que existió. Lo extraño es que fue creada recién en julio de 2011, por lo que la primera factura vinculada a ese rut habría sido emitida dos meses antes de su constitución.

    Radio Bío Bío se comunicó con Paloma Riquelme, la única socia de esa empresa para preguntarle por esas facturas. Pero ella dijo no conocer ni a Rodrigo ni a Chile Ambiente, negó haber realizado cualquier tipo de negocios con ellos y aseguró que su sociedad sólo funcionó por unos pocos meses.

    A todo eso se suman otras 16 facturas registradas en el libro de ventas para clientes identificados como “1-9”, que según el informe “es un rut que se utiliza de prueba para ingresar datos a los sistemas contables cuando no se tiene el rut correspondiente. En consecuencia, se habrían emitido facturas de ventas a un contribuyente que no existe en la base de datos del SII”. Son más de $61 millones los que estarían contabilizados bajo esa figura.

    Desde el Ministerio Público señalan que esos antecedentes también podrían constituir delitos tributarios, por lo que podrían ser considerados por el SII en una eventual querella.

    A pesar de que no ha revisado el informe en detalle y que la información contable de la corporación que preside aún está en manos de la fiscalía, Marcelo Castillo descarta de plano que haya irregularidades.

    Respecto de las facturas emitidas a la sociedad agrícola, dice que corresponden a los datos de facturación otorgados por Inmobiliaria Bellavista, por un proyecto de uso de suelo en San Antonio. Y sobre las dos facturas a Grupo SpA dice que en realidad fueron emitidas a Inmobiliaria Kusanovic, propietaria del Hotel Torres Patagonia, y que los pagos se efectuaron por el proyecto “Plan de Manejo Estancia Cero Paine”.

    ¿Dónde estuvo el error: en la factura emitida o en el registro de la misma en el libro de ventas? -le preguntamos a Castillo.

    “Eso hay que consultarlo a la sociedad respectiva y/o al SII. En su página web hay un disclaimer que señala que es responsabilidad de los contribuyentes mantener actualizada su situación tributaria. Y Chile Ambiente no se puede responsabilizar de ello o de los errores de terceros”, respondió.

    La cuenta de la hija y los pagos perdidos de Luksic

    En el listado de trabajos publicado por la propia corporación también aparece Las Margaritas S.A., la firma a cargo del fallido proyecto conservacionista de Andrónico Luksic, el hombre más rico de Chile. Aunque ahí se mencionan cuatro proyectos distintos, el gerente general de esa empresa y administrador de las inversiones personales de Luksic, Rodrigo Terré, aseguró a Radio Bío Bío que los trabajos sí se hicieron y todo era parte de un sólo gran trabajo: la concreción de una reserva natural para proteger el hábitat del huemul, que de acuerdo a los registros del Ministerio del Medio Ambiente está catalogada como una especie en peligro.

    La idea era aportar unas 30.000 hectáreas de terreno que la familia Luksic posee en la Patagonia, en la comuna de O’Higgins, en la Región de Aysén, y obtener la concesión del predio fiscal El Azul, que según los estudios iniciales era clave para asegurar la población de huemules presente en la zona. Con eso querían generar un proyecto de conservación a 50 años, con inversión total de 33.500 UF para generar investigación y construir senderos que permitieran el turismo en la zona.

    Contrataron a Chile Ambiente por sus referencias previas. Rodrigo ya tenía a esa altura un amplio catálogo de trabajos con instituciones nacionales e internacionales, pero lo que más pesó a la hora de elegirlo, según cuenta Terré, fue su experiencia con proyectos similares al que quería desarrollar Luksic: sus trabajos para el Parque Pumalín, del fallecido empresario norteamericano Douglas Tompkins, y su rol a cargo del plan maestro del Parque Tantauco, de Sebastián Piñera.

    Con ese proyecto, que finalmente no llegó a concretarse por distintos motivos, Las Margaritas se convirtió en el mejor cliente de Chile Ambiente. Las facturas asociadas a ese trabajo constituyen el 22% de todos los ingresos obtenidos por la corporación durante el período investigado en el peritaje. Pero de eso sólo entró a su cuenta corriente una quinta parte, poco más de $15 millones. Lo demás, según el informe, no aparece en las cartolas bancarias.

    Terré aseguró que aunque quedan unos pocos pagos pendientes, todo lo que se ha cobrado y facturado a la fecha se ha cancelado. Eso sí, reconoció que gran parte de los pagos no se hicieron a la cuenta de la corporación, sino que a una cuenta personal de María Alicia Rodrigo, hija de Patricio Rodrigo y vicepresidenta de la corporación. Y que lo hicieron por encargo del mismo Rodrigo.

    En total, de los casi $117 millones que Chile Ambiente facturó a Las Margaritas entre octubre de 2011 y enero de 2015, unos $45,8 millones terminaron en la cuenta personal de la hija del secretario general de la entidad sin fines de lucro. Fueron 11 depósitos en total: uno en julio de 2012 y los otros 10 entre agosto de 2013 y noviembre de 2014.

    Consultado por esos pagos, el presidente de Chile Ambiente, Marcelo Castillo, explicó que eso se debió a que la cuenta corriente de la corporación fue objeto de una medida precautoria decretada por un juzgado civil, y aseguró: “Esos dineros fueron ingresados en la caja de la corporación”.

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