Fotografía: Agencia UNO

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  • Dos ex funcionarios de la estatal fueron investigados por el Ministerio Público por su responsabilidad en un robo de concentrado de cobre que terminó enfrentando a ambas mineras. Codelco ganó ese juicio el lunes y, en paralelo, ambos trabajadores fueron absueltos por la fiscalía. Todas las sospechas recaen ahora sobre Sebastián Moreno, exabogado de Codelco y actual secretario general de la ANFP.

    El millonario robo de concentrado de cobre que sufrió Codelco entre 2011 y 2014 parecía estar resuelto, luego de una larga investigación penal que terminó en abril de 2016 con la condena de 29 personas vinculadas a empresas externas que trabajaban para Codelco y Escondida. Pero el caso no terminó ahí, pues hubo una indagación del Ministerio Público sobre dos exfuncionarios internos de la estatal y, en paralelo, se desarrolló un juicio arbitral entre Codelco y Escondida para determinar cuál de las dos empresas se debía hacer cargo del millonario desfalco de US$10 millones, unos $6.500 millones, que no se pudieron recuperar.

    De acuerdo a antecedentes a los que tuvo acceso Radio Bío Bío, el fiscal adjunto de la comuna de Diego de Almagro, Julio Artigas, decidió no perseverar en la causa que llevaba en contra de los exfuncionarios de la de la División Salvador de Codelco, Manuel Meriño, exjefe de maquinaria pesada y planta de secado; y Daniel Lecaros, exjefe de recepción de concentrados, quienes fueron acusados por Codelco, a través del Consejo de Defensa del Estado (CDE), de participar del ilícito. Tras la decisión de Artigas, el CDE optó por el mismo camino y el caso fue cerrado.

    En concreto, Artigas buscaba determinar si ambos trabajadores cometieron fraude al Fisco, es decir, si participaron como cómplices de la banda que fue condenada, o si simplemente no tuvieron el debido cuidado de fiscalizar la recepción de concentrado de cobre. Nada de eso pudo probar, pues Meriño y Lecaros tenían una coartada. Ambos avisaron con varios meses de anticipación a Codelco sobre el desfalco que se estaba produciendo. Reuniones y correos electrónicos que este medio pudo corroborar, dan cuenta de aquello. En Codelco, sin embargo, no les creían y por eso los despidieron y acudieron al CDE para que se querellara en contra de ambos.

    Parte de ese convencimiento de la estatal tenía que ver con el rol que jugó Sebastián Moreno, exabogado jefe de la División Salvador y actual secretario general de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), quien desestimó los avisos de Meriño y Lecaros. Pero los antecedentes que revisó Radio Bío Bío y que hoy están en manos del CDE, dan cuenta de que Moreno fue alertado oportunamente. Debido a lo anterior, el CDE evalúa querellarse ahora en contra de Moreno y otros trabajadores de Codelco que se desempeñan en el área de balance metalúrgico de la División Salvador.

    “Pasaron poco más de 7 meses desde que denuncié el robo de concentrado, hasta que se descubrió por parte de Codelco”, dice Manuel Meriño. “Una vez ocurrido esto, se comenzó a buscar y determinar las responsabilidades al interior de Codelco. Fue entonces cuando Sebastián Moreno, en complicidad con algunos ejecutivos de la División Salvador y con el fin de ocultar su negligencia por no haber actuado o atendido oportunamente la denuncia realizada, comenzó a formular un plan que apuntara a eximirlo de su responsabilidad y culpar de lo sucedido a supervisores y trabajadores del área afectada”, agrega.

    Tanto Meriño como Lecaros ganaros sus respectivos juicios laborales contra Codelco por despido injustificado. Ambos fueron indemnizados por la estatal y el caso penal que los involucraba, fue cerrado. Hoy, los extrabajadores de Codelco analizan apoyar una eventual querella del CDE en contra de Moreno, a quien acusan, entre otras cosas, de manipular auditorías que encargó la Casa Matriz de Codelco y de obstruir el trabajo de la Comisión Investigadora que creó la Cámara de Diputados para indagar el robo de concentrado de cobre.

    Una demanda de 10 millones de dólares

    El 13 de mayo de 2015 Codelco interpuso una demanda en contra de Minera Escondida, que es operada por BHP Biliton, caratulada como “cumplimiento forzado de contrato e indemnización de perjuicios”, relativa a un acuerdo entre ambas empresas de 2007. El documento, de 69 páginas, fue presentado por los abogados de Codelco de es época, Cristián Quinzio, Pedro Pablo Gutiérrez, Juan Francisco Asenjo y José Tomás Barros, y en él reclamaban el pago de US$10,3 millones que correspondían al valor del concretado de cobre que fue robado a 126 camiones que Codelco le compró a Escondida para refinar en la fundición de Potrerillos y que posteriormente serían vendidos al extranjero.

    El problema fue que el concentrado de cobre que dichos camiones transportaban fue robado por trabajadores de la empresa Santa Marta, contratada por Escondida para el traslado del mineral. La investigación del fiscal Artigas pudo corroborar que 29 trabajadores participaron del ilícito, pero nunca se pudo recuperar el dinero. Codelco entendió entonces que era Escondida la que debía pagar dicho dinero, pues el concentrado de cobre que le compró para refinarlo en Potrrillos nunca llegó. A la fundición sólo llegaron piedras y tierra que los trabajadores de Santa Marta hacían pasar como mineral. Escondida, sin embargo, no estuvo de acuerdo.

    Fue así como comenzó el juicio entre ambas partes en el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago hace poco más de dos años y que terminó el lunes pasado con un fallo favorable para la estatal.

    “Escondida incumplió con su obligación de entregar a Codelco la carga que se ha aludido, correspondiente a 126 camiones. Hubo entrega, pero de una cosa distinta, sin valor alguno”, dice el fallo. “Ha quedado configurado el daño causado por la actuación de Escondida y evidentemente existe una relación causal entre la culpa de Escondida y el daño ocasionado”, agrega el dictamen, haciendo referencia a la responsabilidad de la minera privada al no haber vigilado a su contratista de transporte con la debida diligencia.

    Pese a lo anterior, el juez de la CAM también atribuyó ciertas responsabilidades a Codelco por no adoptar medidas razonables y adecuadas para aminorar el perjuicio sufrido. Debido a lo anterior, redujo la indemnización de Escondida a un 90% de lo solicitado por Codelco, es decir, la minera privada debe entregar a la estatal 113,4 camiones de concentrado de cobre, lo que equivale a unos US$9 millones.

    Nota de la redacción: El exabogado de Codelco y actual secretario general de la ANFP, Sebastián Moreno, aludido en este artículo, envió una carta a Radio Bío Bío para expresar su opinión respecto a lo publicado. El contenido íntegro de dicha carta puede revisarlo acá.

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