Radio Bío Bío accedió al informe reservado de la auditoría realizada por el ente contralor a la minera estatal, adjuntado a la demanda que presentó Codelco la semana pasada contra el organismo encabezado por Jorge Bermúdez. Entre los antecedentes desconocidos hasta ahora, figura un cuestionado contrato de asesoría por $ 1.800 millones asignado de forma directa a Fundación Chile, cuyos socios son el Estado chileno y la minera BHP Billiton, la que es presidida por Patricio Meller, exdirector de Codelco y quien lideró el Consejo Asesor Presidencial de Equidad durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Esto se suma al contrato de asesoría por $ 33 millones asignado a una empresa ligada al exministro y exdiputado Jorge Insunza.
Nuevas irregularidades se revelaron esta semana respecto del informe reservado que elaboró la Contraloría General de la República a partir de la auditoría que realizó sobre Codelco, donde analizó contratos suscritos por la minera entre 2013 y 2015. Lo anterior, luego que el informe fuera publicado en la página web del Poder Judicial, anexado a la demanda de nulidad presentada por la cuprífera estatal contra el ente contralor ante el 25° Juzgado Civil de Santiago.
Radio Bío Bío accedió al documento que, dentro de los antecedentes desconocidos hasta ahora, constata un contrato cuestionado por Contraloría entre Codelco y Fundación Chile, una corporación privada sin fines de lucro cuyos socios son el Estado chileno y la minera anglo-australiana BHP Billiton, el mayor competidor de Codelco a nivel mundial en la producción de cobre. El directorio de esta corporación es presidido desde 2014 por Patricio Meller, exdirector de la cuprera estatal y expresidente del Consejo Asesor Presidencial de Equidad durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, en representación del Estado.
La mesa directiva de la fundación también está integrada, entre otros, por Eduardo Bitran, vicepresidente ejecutivo de Corfo, y María Olivia Recart, exsubsecretaria de Hacienda en el primer período presidencial de Bachelet (2006-2010) y actual vicepresidenta de asuntos externos de Metales Base de BHP.
El contrato, denominado de “desarrollo, transferencia y asesoría en tecnología e innovación”, abarca desde el 1 de marzo de 2015 hasta el 20 de febrero de 2018 por un monto cercano a $ 1.846 millones, y fue generado a través de asignación directa. Asimismo, fue suscrito el 1 de abril de 2015, lo que implica que la contratación estaba resuelta antes de que se cumplieran las formalidades para su aprobación.
“Se advierte que la naturaleza o características de las prestaciones contratadas a la FCH (Fundación Chile), no son suficientemente específicas, lo que no se condice con la modalidad de asignación directa utilizada al efecto, pues no permiten advertir que el contratista tenga una posición claramente dominante; o cuáles fueron las consideraciones estratégicas o económicas que hicieron preferible su elección”, criticó el organismo liderado por Jorge Bermúdez en su auditoría.
Lo anterior, debido a que el contrato estipulaba de forma genérica que las actividades y servicios que prestaría la fundación serían, entre otros: servicios de consultoría técnica específica para requerimientos que Codelco pueda definir fuera del alcance de las iniciativas y proyectos que la entidad estuviera ejecutando; elaboración y presentación de propuestas; dirección, administración y ejecución de proyectos de investigación; y formación de capacidades técnicas y desarrollo de proveedores.
El ente contralor además cuestionó la razonabilidad del precio que usó Codelco como un factor para fundamentar la asignación directa, ya que constató que en los pedidos revisados -los cuales eran cargados al convenio marco analizado- participaron profesionales cuyas tarifas no habían sido consideradas en dicho estudio de razonabilidad. Por todo ello, determinó que no se justificaba la contratación mediante trato directo.
Ante esta observación la firma estatal argumentó ante el ente contralor, según consigna el informe, que el objeto del contrato con la fundación presidida por Patricio Meller incluía “la transferencia de tecnología e innovación, por cuanto se trata de transmisión de experiencias académicas y flujo de conocimiento entre distintos organismos públicos y privados que intervienen en estas iniciativas, por lo que las definiciones incorporadas son propias de la naturaleza del servicio”.
Otra observación formulada por la Contraloría consistió en que de acuerdo a una cláusula relacionada al “Plan de aprobaciones anuales de actividad”, las partes debían establecer al inicio de los trabajos una programación anual de actividades y carteras de proyectos a ejecutar durante 2015. En tanto, para los siguientes años dicha actividad debía realizarse durante el último cuatrimestre de cada año. Sin embargo, la auditoría detectó que esto no se cumplió “por cuanto el aludido plan inicial 2015 no se encuentra incorporado en el convenio marco”, precisa el documento y agrega que tampoco se habría realizado en 2016.
Este cuestionado contrato de asesoría se suma al que firmó Codelco con Sistema Consultores Limitada, firma ligada a Jorge Insunza (PPD), exministro secretario general de Gobierno y exdiputado. Dicho contrato abarcó desde el 2 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de ese año, contemplando un monto de $ 33 millones.
La cuprífera estatal contrató los servicios de la empresa de Insunza para que hiciera un análisis sistémico de las variables políticas laboral de la realidad nacional y de aquellas del ámbito internacional que son relevantes para Codelco. “De la lectura de los informes emitidos por la empresa consultora, aparece que se trata de información general obtenida de los medios de comunicación social, presentada en los informes casi de la misma forma en que fue extraída, no advirtiéndose que den cuenta de que se haya ejecutado el trabajo de análisis”, advirtió la Contraloría en su informe.
Desde que el ente contralor emitió en mayo pasado su informe reservado se publicaron múltiples notas de prensa dando cuenta de algunas irregularidades detectadas en Codelco. Entre ellas, que la cuprífera estatal había suscrito contratos con empresas relacionadas por un total de US$ 783 millones, los que en su mayoría fueron asignados a través de asignación directa.
En paralelo, esta auditoría y los alcances de un dictamen en el que el ente contralor cuestionó parte de la indemnización por $ 500 millones al exdirector de la minera estatal, Augusto González, generaron una pugna entre la Contraloría y Codelco sobre las facultades que tenía la primera para fiscalizar a la segunda. Pese a algunos intentos que se hicieron para zanjar las diferencias entre ambas entidades no fue posible llegar a un acuerdo, lo que derivó en que Codelco presentara, la semana pasada, una demanda de nulidad contra el organismo encabezado por Jorge Bermúdez.
Revise acá la primera y segunda parte del informe de Contraloría sobre Codelco.
El contrato directo entre Codelco y Fundación Chile que cuestionó la Contraloría
