Fotografía: Archivo | Agencia UNO

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  • Ministerio de Justicia ya tiene listo el decreto con el que creará a lo largo del país 107 nuevas notarías, conservadores y archiveros judiciales. Gremio de notarios llama al ministro Campos a realizar estudios técnicos que justifiquen la medida y abogados advierten que la iniciativa, que se pretende concretar antes que termine la actual administración, se prestará para nombrar a personas “afines” al actual gobierno. FNE, en paralelo, inició una investigación del mercado de los notarios, que abarcará precisamente el proceso de nombramiento y sus niveles de competencia.

    El 12 de enero pasado, el ministro de Justicia, Jaime Campos, envió un oficio de tres simples párrafos a la Corte de Apelaciones de Valparaíso pidiendo que le informaran “respecto de las necesidades de creación de nuevos oficios de notarios, conservadores y archiveros judiciales” (revisa acá el oficio de Campos). El 14 de febrero, el pleno de la Corte de Apelaciones respondió que sólo necesitaba archiveros y la separación del cargo fusionado de notario y Conservador de Bienes Raíces (CBR) de Concón (acá la respuesta del pleno). Pero Campos no estuvo de acuerdo. Dos días después, ofició nuevamente a la Corte y adujo razones demográficas y económicas de la zona para crear 10 nuevas notarías. La Corte, en una respuesta que entregó el 7 de abril, extrañamente estuvo de acuerdo sin plantear objeciones.

    El intercambio de oficios entre Campos y la Corte de Apelaciones de Valparaíso no fue el único. El ministro de Justicia envió otros 16 oficios idénticos, el mismo día, a las otras 16 cortes de apelaciones del país. En varias tuvo que insistir ante los magistrados, pues algunos consideraron innecesario crear nuevas notarías. Pero Campos, tras un intenso intercambio que duró hasta junio con algunas cortes, finalmente tuvo éxito y comenzó a preparar un plan que incluye la creación de 107 nuevas notarías, CBR y archivos judiciales a lo largo del país.

    Radio Bío Bío accedió al decreto con el que el Ministerio de Justicia pretende crear dichos cargos. Se trata de 50 páginas que definen, por ejemplo, la creación de 22 nuevas notarías para Santiago, nueve para San Miguel, además de otros nueve CBR y archiveros judiciales fusionados para esa jurisdicción. El documento, que puede revisar íntegramente acá, fue redactado por Álvaro Pavez Jorquera, jefe de la División Jurídica del ministerio; Roberto Rodríguez Vega, jefe del Departamento Judicial; y Francisco Pinto García, abogado. Pavez, dicen fuentes de gobierno y judiciales, tendría interés en postular a la nueva notaría que se creará en Casablanca, en la V región, lo que ha despertado sospechas y críticas entre abogados y actuales notarios. Aquello, sin embargo, está lejos de ser el único cuestionamiento a este proceso que, hasta ahora, se había manejado de forma reservada, pues se pretende concretar antes que termine la actual administración de Michelle Bachelet.

    “Chile es un país pequeño y creo que es bueno que los notarios sean nombrados en base a sus calificaciones, mérito, y carrera notarial”, dice Teodoro Ribera, ex ministro de Justicia, quien presentó un proyecto de Ley en el gobierno de Sebastián Piñera que pretendía modernizar la actividad, pero que aún duerme en el Congreso. “Dicho proyecto tenía como objetivo que se accediera al cargo de notario a través de un concurso público y exámenes de mérito, para evitar situaciones que hoy día causan malestar en la ciudadanía, como la poca transparencia y el acceso de personas con mayores contactos”, agrega.

    El eventual nombramiento de Pavez en la notaría de Casablanca y el de otro centenar de personas cercanas al actual gobierno, es precisamente uno de los puntos que más ha llamado la atención en el ámbito judicial. De hecho, la Corte Suprema podría revisar el tema el viernes en su pleno, pues hasta ahora no ha sido consultada en la materia.

    “Existe una sospecha justificada de que esta es una medida que busca colocar personas afines a las autoridades que designan estos cargos”, dice el abogado Mauricio Daza, quien ha seguido de cerca este proceso. “Esto se está tramitando entre gallos y medianoche, con muchas voces que están en contra de la justificación para tomar esta insólita medida. Estamos ante algo que resulta inexplicable, poco transparente y que se pretende hacer a menos de nueve meses que termine la actual administración”, agrega.

    El ministro Jaime Campos, de hecho, es quien finalmente nombrará a los nuevos notarios, conservadores y archiveros, tras la entrega de una terna de las respectivas cortes de apelaciones. El proceso, sin embargo, es poco claro pues en junio 2015 la Corte Suprema creó un sistema de selección de notarios en base a puntajes para componer dichas ternas y así evitar el amiguismo o la influencia política. Pero como no es vinculante, en la práctica no sirve para nada. De hecho, el 7 de marzo de 2016 asumió como notario Roberto Cifuentes, en reemplazo de José Musalén. Cifuentes, exembajador en Alemania y exmiembro del Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana (DC), había quedado en el décimo lugar del ranking y, pese a ello, integró la terna y posteriormente fue nombrado como notario por la exministra de Justicia, Javiera Blanco, quien tiene, precisamente, estrechos vínculos con la DC.

    Cargos sin fundamento

    A Teodoro Ribera, el exministro de Justicia de la administración Piñera, le preocupa que los nuevos cargos que pretende crear y nombrar Campos se hagan sin la base técnica necesaria. De hecho, en el intercambio de oficios entre el actual ministro de Justicia y las 17 cortes de apelaciones del país, sólo se observan datos relacionados con el crecimiento demográfico y económico de las comunas. Ello, pese a que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) realizó recomendaciones sobre cómo realizar técnicamente este tipo de procesos.

    Teodoro Ribera, exministro de Justicia

    “Pueden terminar siendo peligrosos los notarios en comunas donde no hay actividad jurídica que sustente el oficio notarial”, dice Ribera, quien da como ejemplo la notaría del archipiélago de Juan Fernández, a la cual sólo postulan y quedan hijos de notarios y la ocupan como trampolín para acceder, en tan sólo unos meses, a una notaría mayor.

    “Es un camino mañoso para hacer la carrera notarial. Para estar en Juan Fernández se requiere que alguien te sustente, porque las remuneraciones de ahí son de entre $250 mil y $400 mil al mes. Una notaría como esa no tiene sustento alguno. Es un ejemplo que hay que tratar de evitar por todos los medios”, agrega el exministro de Justicia.

    Juan Fernández, sin embargo, no es la única de este tipo. El 11 de julio pasado la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile le entregó al ministro Campos una carta de nueve páginas en la que le expresa su aprobación parcial a la creación de nuevos cargos, pero que dicho proceso se lleve a cabo a partir de estudios técnicos. En la misiva, el gremio explica que de no hacerse de esa forma, se crearán nuevos “cargos trampolines” como en Juan Fernández, Sierra Gorda y San Pedro de Atacama.

    “Actualmente no existe un criterio técnico amparado en algún estudio que sirva de fundamento para la creación de cargos o separación de funciones y por ello, sólo se recurre, habitualmente, a criterios generales, como el aumento de la población, sin analizar otras variables que puedan ser tanto o más determinantes a la hora de establecer como ‘necesaria’ la creación de un determinado cargo”, dice el escrito que presentó a Campos el notario Alfredo Martin, presidente del gremio (revisa acá parte de la carta del gremio).

    El documento, que fue elaborado en calidad de asesor de la asociación por el abogado Juan Carlos Manríquez, llama al Ministerio de Justicia a revisar “in situ” la situación de cada una de las comunas en las que quiere crear nuevos cargos, para determinar tanto variables internas como externas que puedan incidir. También hace ver a Campos que la actividad notarial es autofinanciada, es decir, no recibe dineros del Estado, y que sus aranceles están congelados desde hace 19 años (revisa acá el decreto arancelario de los notarios).

    “Si se suma la creación de oficios (notarías) a la situación del congelamiento de los aranceles, el resultado es evidente y simple y llanamente llegará el momento que el sistema no soportará mantenerse”, dice el documento. “Sin duda, un sinceramiento de los aranceles podría dejar mejores espacios para la creación de cargos o su eventual separación, ya que la necesidad de autosustentación se verá aliviada”, agrega.

    La preocupación de los notarios en este punto radica en que como no existen estudios técnicos integrales que justifiquen la creación de nuevos cargos, no está claro cómo afectará la entrada al mercado de más de 100 nuevas notarías, conservadores y archiveros a sus ingresos. Dicha cifra representa casi un tercio de las 327 notarías que existen actualmente y, en un contexto en el que los aranceles siguen congelados y la población no se ha expandido en la misma proporción, los mismos ingresos que perciben hoy deberán repartirse en un mercado mucho mayor.

    “Sería peligroso que los notarios ganen poco. Cuando los notarios ganan poco la fe pública puede ser sujeto de manipulación”, dice Ribera, el exministro de Justicia de Piñera. “Este tiene que ser un oficio bien pagado y vinculado a la capacidad de las personas”, agrega.

    Alfredo Martin, el presidente de la asociación, cree lo mismo. “Sin duda que mantener los aranceles congelados por casi 20 años y hacer una excesiva creación de cargos, es simple y llanamente llevar al sistema en el corto tiempo a un colapso total”, dice Martin, quien reconoce que entre los socios del gremio hay gran preocupación por las medias que quiere tomar el ministro Campos.

    Un mercado bajo investigación

    El plan de Campos para crear más de 100 nuevas notarías, conservadores y archiveros coincide con el inicio del estudio de este mercado por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Precisamente ayer, el persecutor económico informó que comenzó a indagar este mercado para analizar la “evolución competitiva de la actividad”.

    “Existe muy poca información pública disponible sobre cómo funciona el mercado de los notarios desde el punto de vista de competencia y el objetivo de este estudio es conocer cómo ha evolucionado esta actividad y cómo se desarrolla actualmente”, dijo ayer Felipe Irarrázabal, titular de la FNE, en un comunicado.

    Felipe Irarrázabal, titular de la FNE.

    A la FNE le preocupan, básicamente, cuatro elementos de este mercado. Uno de ellos es referente a la “competencia que debiera existir en el proceso de designación de los notarios”, que es el más complejo y urge regular, de acuerdo a varias fuentes que fueron consultadas para este artículo. Pero también se revisará “el precio que cobran y la calidad del servicio que entregan”. Adicionalmente, se agrega como motivo para iniciar el estudio, la falta de información pública sobre la metodología utilizada para determinar la oferta de notarios en el país, es decir la cantidad y ubicación de las notarías.

    “Sin embargo, mirar el oficio notarial bajo el prisma de mera competencia -dice el exministro Ribera- puede ser extremadamente dañino. Los notarios son fundamentales en garantizar la fe pública y mientras mejor se ejerza el oficio notarial, menos son las causas que llegan a tribunales. Por tanto, el oficio notarial no puede ser visto sólo bajo un prisma de competencia”.

    El anuncio de investigación de la FNE, en todo caso, fue inmediatamente puesto bajo sospecha en el mundo notarial. De acuerdo a varios notarios que hablaron bajo reserva de identidad para este artículo, la indagatoria aparece justo cuando el gobierno pretende crear más de 100 nuevos cargos, lo que podría interpretarse como una mejora de competencia de un mercado que, en algunos círculos, es visto como opaco y económicamente caro.

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