Fotografía: Sede del Colegio de Arquitectos de Chile

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  • Fondos estatales sin rendir y triangulados a cuentas generales para cubrir déficits internos, millonarias contingencias tributarias no cubiertas y préstamos entre entidades relacionadas, son parte de los hallazgos que encontró una auditoría que tiene en vilo al Colegio de Arquitectos. El gremio se expone a la cancelación de su personalidad jurídica y a demandas del Estado. Su Asamblea General acordó suspender las elecciones internas, pedir la renuncia a toda su mesa directiva, convocar a un Congreso Nacional y la realización de una nueva auditoría de caja aún más detallada.

    Una grave crisis financiera y administrativa quedó al descubierto en el Colegio de Arquitectos de Chile, luego que una auditoría revelara una serie traspasos de dineros entre las entidades que controla, millonarias cifras sin rendir provenientes de fondos concursables de organismos del Estado, y contingencias legales y tributarias que no fueron incluidas en sus estados financieros, entre otros.

    Se trata de un análisis realizado por el estudio de abogados Juan Agustín Figueroa, que comprendió los años 2014, 2015 y 2016, y abordó la gestión del Colegio y las tres entidades que controla: Agencias Acreditadora de Arquitectura (AAD), Inmobiliaria Inver Comercial y Servicios Arquitectura y Fundación Espacio y Desarrollo (revisa acá el informe completo de la auditoría).

    De acuerdo a la auditoría, “los estados financieros de las cuatro instituciones no reflejan razonablemente la situación económica y financiera”. Además, agrega, “es viable evaluar el cierre temporal de la Agencia e Inmobiliaria, ya que no reportan ingresos y tan solo gastos inoficiosos”.

    Lo anterior, responde a una serie de hallazgos que hizo la auditoría en cada una de las cuatro entidades. En el Colegio de Arquitectos, por ejemplo, se detectó “el manejo irregular de los fondos públicos que fueron provistos en virtud del proyecto Senadis (Servicio Nacional de Discapacidad)”. Al respecto, dice el documento, “el Colegio y sus entidades pueden ser objeto de una demanda civil por parte del Estado de Chile a través del Consejo de Defensa del Estado”.

    El proyecto que analizó la auditoría se llama “Chile Accesible, acciones concretas para la accesibilidad en la arquitectura y el urbanismo” y comprendió la entrega de $95 millones al Colegio de Arquitectos. De esos fondos, sólo se han rendido $ 25 millones y otros $59,8 millones, de acuerdo a la auditoría, se transfirieron “a cuentas corrientes generales del Colegio para hacer frente, aparentemente, a déficit de recursos y solventar pagos diversos para el normal funcionamiento, fondos que a la fecha de este informe (auditoría), no han sido devueltos a la cuenta del proyecto”.

    El documento también cuestiona otros dos proyectos con fondos estatales que fueron desviados. El primero es el proyecto SAT Temuco, por $18 millones; y el segundo, es el proyecto Vitrales, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, por $90 millones.

    “Dadas las irregularidades detectadas en las actuaciones del Colegio, también existe la posibilidad de que se le sancione por el Ministerio de Justicia poniendo en riesgo la vigencia de su personalidad jurídica sin fines de lucro”, dice la auditoría.

    Las irregularidades en sus tres filiales

    En la Inmobiliaria, en tanto, además de constatar pérdidas permanentes, se detectó que no se incluyó en los estados financieros un fallo en contra que la obliga a pagar impuestos por unos $120 millones, los cuales podrían llegar a $140 millones.

    Dicha omisión y el no pago de esa cifra, dice la auditoría, implica que la “Tesorería pueda embargar los bienes del Colegio para el cobro de impuestos, reajustes, intereses y multas adeudados”. Pero también advierte sobre la responsabilidad civil de la administración.

    “Los hallazgos que se refieren ponen en riesgo el patrimonio del Colegio y los entes auditados, sin perjuicio de las responsabilidades civiles que le pudieran caber al gerente general y por extensión a los miembros del Directorio que pudieron o debieron saber de las irregularidades detectadas”.

    Junto con lo anterior, se detectaron desordenes financieros en la realización de la Bienal de Arquitectura 2012, cena de aniversario, Día del Arquitecto y congresos. La auditoría apunta, en este ítem, al trabajo que realizaron funcionarios de la Inmobiliaria, Fundación y Colegio en estos eventos, pero que no significó ningún ingreso concreto. Estos gastos, dice el documento, “no generan ingresos del giro de la Inmobiliaria”.

    De hecho, en otro punto, la auditoría establece que existen saldos por cuentas corrientes inter compañías, es decir, entre las cuatro entidades. En el caso de la Inmobiliaria, por ejemplo, “se reconoce una cuenta por pagar cercana a $1.500 millones a favor del Colegio de Arquitectos, no cumpliéndose el objetivo para el que nació la sociedad inmobiliaria de ser sustentable económica y financieramente”.

    En la Agencia Acreditadora, en tanto, se detectó una provisión de $39 millones para honorarios y asesorías de acreditación para 2016. Dicha provisión, sin embargo, “no cumple con las normas contables vigentes, para ser gasto del ejercicio”, dice la auditoría. De hecho, dicho gasto fue rechazado para efectos tributarios.

    También se detectó una cuenta por cobrar de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (México) por otros $38 millones. Dicha cuenta corresponde a trabajos que no se realizaron por parte de la Agencia, pues no cuenta con acreditación. De acuerdo al auditor, “el Colegio está expuesto a una demanda civil por restitución de dineros por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes”.

    Pero la Agencia también tiene saldos por cobrar. ¿Quién le debe? El propio Colegio de Arquitectos, la Inmobiliaria y la Fundación. Entre las tres entidades le deben $43 millones. La cifra parece pequeña, pero lo relevante, de acuerdo a la auditoría, es que “los ingresos generados por la AAD (Agencia) fueron desviados para cubrir el déficit en estas otras tres entidades”.

    La fundación, por su parte, tiene deudas con Proimagen, por servicios prestados para la Bienal de Arquitectura 2012, que no fueron reconocidos correctamente en los estados financieros de 2014 y 2015. “No se reflejan cerca de $60 millones sin informar pérdida por esta obligación con un proveedor”, dice el documento.

    Colegio toma medidas

    Los resultados de esta auditoría fueron expuestos el viernes pasado a la Asamblea General Extraordinaria del Colegio de Arquitectos, instancia en la que se acordó una serie de medidas para enfrentar la situación. Entre ellas, “la realización a la brevedad de una auditoría de caja para establecer responsabilidades”, lo cual fue recomendado por la auditoría.

    En paralelo, se conformó Comité de Crisis que le hará seguimiento a dicha auditoría de caja, desarrollará un plan para enfrentar la crisis y generará las condiciones para la próxima elección de la directiva, la cual fue suspendida. Además, se acordó que la mesa directiva del Colegio renuncie y se convoque a un Congreso Nacional de Arquitectos “cuyo tema sea la reestructuración administrativa y estatutaria del Colegio”.

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