Fotografía: Fiscal Emiliano Arias | Agencia UNO

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  • El 22 de marzo de este año, el fiscal nacional, Jorge Abbott, abrió un nuevo proceso disciplinario contra el fiscal regional de O´Higgins, Emiliano Arias, a petición de la defensa de los tres ejecutivos de la Compañía General de Electricidad (CGE) que fueron formalizados por el persecutor como presuntos responsables de cinco incendios intencionales que arrasaron con 77 mil 155 hectáreas y que dejaron $1.600 millones en gastos para el Estado.

    El sumario quedó a cargo del fiscal regional de la Araucanía, Cristián Paredes, quien a principios de este mes notificó a su colega de las siguientes infracciones administrativas: incumplimiento al deber de desempeñar personal y fielmente las funciones de su cargo; infracción al deber de obedecer las órdenes impartidas por su superior jerárquico; e infracción al deber de guardar secreto de la información de que tome conocimiento por razones de su cargo.

    Cuando se conoció la noticia de los cuestionamientos a Arias en este sumario, Abbott, aunque evitó referirse al sumario que él deberá fallar, apuntó a la necesidad de imparcialidad de los fiscales. “Los fiscales tienen que actuar con plena y absoluta objetividad”, dijo el fiscal nacional, sembrando las dudas sobre el desempeño de Arias.

    Radio Bío Bío tuvo acceso a los descargos que presentó el fiscal regional de O´Higgins ante el fiscal Paredes, a cargo de instruir la investigación administrativa, quien tenía plazo hasta el viernes pasado para entregar sus conclusiones, que pueden incluir sobreseimiento o sanción desde una amonestación por escrito, hasta la expulsión del Ministerio Público para Arias (revisa acá el documento con los descargos).

    En el escrito, el fiscal Arias reveló un correo en que el fiscal nacional lo insta a entregar información sobre los incendios que afectaron a la región de O´Higgins desde fines de diciembre, indagatoria que encabeza y que tiene a tres ejecutivos de CGE formalizados y a la empresa abierta a pagar indemnizaciones a los afectados, proceso que está a cargo del ex agente de Chile en La Haya, Felipe Bulnes.

    Se trata de un mail fechado el 27 de enero de 2017, en cuyo asunto dice “Coordinación en materia de incendios”. En este correo el fiscal nacional le señala a Arias que “no solo debemos cumplir nuestro rol, también tenemos la obligación de entregar información cierta, correcta, actualizada y coherente a la ciudadanía”.

    Arias también menciona otro mail, definido en el escrito como la prueba 17, en el que Abbott lo felicita por su investigación sobre los incendios forestales:

    “Correo electrónico de Emiliano Arias Madariaga a Fiscal Nacional de fecha 10 de enero de 2017. Asunto: Entrevista en reportaje de Canal 13 y respuesta dada por el Fiscal Nacional. En dicho correo se informa al Fiscal Nacional la concesión de una entrevista a Canal 13 y sobre desarrollo de las investigaciones de incendios. El Fiscal Nacional lo felicita por su trabajo” dice el escrito de Arias.

    En sus descargos, el persecutor apunta a que la falta de garantías de un debido proceso en el procedimiento sancionatorio, “entraba la autonomía con la que un Fiscal Regional debe actuar, ya que estará sometido a los designios del Fiscal Nacional quien, sin control, puede sancionar a un Fiscal Regional sin fundamento”.

    Asimismo, Arias alude al pasado sumario que enfrentó por sus declaraciones sobre la Ley de Pesca. De acuerdo al persecutor, dicho proceso “significó mi remoción de la causa denominada Corpesca”.

    Pese a que fue sobreseído de ese sumario, Arias recuerda que el fiscal nacional formuló aseveraciones en su contra “que afectan su imparcialidad en el presente caso ya que los hechos allí investigados se relacionaban precisamente con las expresiones formuladas por mi parte en la prensa”.

    Abbott había dicho, en ese sumario, que la “negligencia (de Arias) constituye una falta que no es de la entidad ni magnitud suficiente para ser sancionada administrativamente, sino que debe ser objeto de reproche por la vía de la evaluación de desempeño”.

    En sus descargos sobre este punto, el fiscal regional de O´Higgins cuestiona a su superior diciendo que “tales amenazas de reproche, anunciadas en dicha resolución, fueron cumplidas por el Sr. Fiscal Nacional al rebajar considerablemente mis calificaciones, siendo actualmente el Fiscal Regional peor evaluado del país, en circunstancias que en los años previos había sido calificado con nota 7, lo que no se condice con la labor que he desarrollado en mi periodo de permanencia en el cargo, situación que ha sido incluso reconocida por otros intervinientes, lo que ha sido ignorado, prestando atención sólo a los reclamos de las defensas”.

    En el escrito, Arias va más allá e insiste en la supuesta parcialidad de Abbott. “De qué manera podría gozar de imparcialidad el Sr. Fiscal Nacional -quien debe aplicar una eventual sanción en este caso- si ya ha adelantado juicio respecto de un antecedente fundamental en la presente investigación, cual es, el haber dado supuestamente una instrucción sobre las declaraciones que pueden prestar los Fiscales Regionales en la prensa”, plantea Arias.

    Los descargos fueron presentados por la pareja del fiscal regional, la abogada Marisa Navarrete. El documento también incluye un incidente de nulidad del proceso por la labor de un asistente del fiscal Paredes y por un supuesto incumplimiento de los plazos en este sumario.

    Alega que el fiscal nombrado por Abbott, a su vez designó al fiscal adjunto, José Ramírez, “sólo para certificar actuaciones de la investigación administrativa y actuar como ministro de fe”.

    Sin embargo, dice en sus descargos la defensa de Arias, Ramírez se atribuyó “facultades de las cuales carece, realizó la gran mayoría de las diligencias investigativas, específicamente tomó aproximadamente 13 declaraciones y despachó diversas diligencias en este sumario. A su turno, el Fiscal Instructor a cargo de esta indagación tomó aparentemente tan sólo 4 declaraciones”.

    Sobre la formulación de cargos fuera de plazo, denunció que el fiscal Paredes incumplió la norma. En el Art. 51 inciso tercero de la Ley Orgánica del Ministerio Público se señala expresamente que la investigación administrativa no puede exceder el plazo de cinco días.

    “En el presente caso, la investigación se inició el 3 de abril de 2017 y se cerró el 2 de junio de 2017, por lo que ha tenido una duración de 41 días hábiles, tiempo extendido en exceso desde su inicio” destaca la defensa de Arias.

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