Jorge Said, exaccionista minoritario, demandó por US$ 20 millones a la compañía, miembros del grupo controlador (Enrique, Ignacio y Juan José Cueto); Jorge Awad, expresidente del directorio; y Ramón Eblen, actual director. Lo anterior, por el daño patrimonial que le han generado a la empresa y sus accionistas minoritarios los diversos escándalos en que ha estado envuelta Latam (ex LAN), donde les endosa responsabilidades a los demandados.
El empresario Jorge Said Yarur demandó a Latam Airlines (ex LAN), a miembros del grupo controlador y a integrantes de la mesa directiva por el impacto económico y reputacional que han generado para la compañía y sus accionistas minoritarios los escándalos que ha protagonizado la aerolínea en la última década: los sobornos a sindicalistas en Argentina en 2006 (conocido como Caso LAN) y las colusiones en las que ha participado, entre otros casos.
Said fue accionista minoritario de la empresa entre 2008 y enero de 2016, donde invertía a través de su sociedad Inversiones Ranco Tres. En su calidad de exaccionista, acusó que -en el marco de los mencionados escándalos- Latam y los integrantes del grupo controlador, los hermanos Enrique, Ignacio y Juan José Cueto, infringieron las obligaciones contractuales derivadas del contrato de la sociedad. También culpó a Jorge Awad, expresidente del directorio de la firma por más de 10 años, al actual director Ramón Eblen y a los hermanos Cueto de incumplir sus obligaciones fiduciarias como directivos y ejecutivos principales de la compañía.
Por esa razón, exigió una indemnización total de $ 13.256.268.242 (cerca de US$ 20 millones). La demanda, presentada por el abogado Gonzalo Cruzat Valdés en diciembre de 2016 ante el 22° Juzgado Civil de Santiago, precisa que Said ya no posee títulos en la compañía ya que se vio “forzado a desprenderse de los mismos como consecuencia directa de la dramática disminución bursátil que sufrió la compañía con motivo de una gestión deficitaria y culpable, tanto de parte de sus ejecutivos, integrantes del grupo controlador como su órgano administrador, asociadas éstas a un patrón de conducta reiterativamente dañino y lesivo contra el interés social”.
Las multas cursadas a Latam por los escándalos en que se vio envuelta desde 2006 en adelante ascienden a US$ 179 millones, según detalla el escrito. Esta situación ha conllevado un impacto directo para los accionistas minoritarios, pues además de la caída que ha generado en su patrimonio la menor cotización en Bolsa, parte de las sanciones económicas se han pagado con recursos provenientes del capital que han aportado los accionistas minoritarios, agrega la demanda.
También consigna que Said Yarur, familiar de los controladores de Parque Arauco, poseía cerca de 1.163.098 acciones de Latam a fines de 2015, lo que equivalía al 0,21% de la propiedad. Como el precio de la acción al cierre de ese año era de $3.722, su participación estaba valorizada en poco más de $ 4.328 millones (US$ 6,1 millones).
Esto representa una fuerte caída respecto de la valorización registrada al 31 de diciembre de 2010. En esa fecha, el precio de los títulos de la aerolínea ascendía a $14.614, mientras que el empresario era dueño de 868.688 títulos, por lo que su capital bursátil llegaba a $12.695 millones (US$ 27 millones).
No es la primera vez que Said emprende acciones legales contra la empresa y sus altos ejecutivos. Anteriormente, en noviembre del año pasado, el empresario presentó una querella contra Ignacio Cueto y todos aquellos que resulten responsables de haber infringido la Ley de Mercado de Valores, por haber entregado información falsa al mercado.
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Lo anterior, en el marco del denominado Caso LAN, luego que la aerolínea pagara una multa de US$ 22 millones en 2016 tras haber llegado a un acuerdo con la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos y el Departamento de Justicia de ese país (DOJ, por su sigla en inglés), donde reconoció haber pagado US$ 1,15 millón -entre 2006 y 2007- a Manuel Vásquez, exasesor del ministro de Transportes de Argentina en ese entonces, Ricardo Jaime. Estos dineros fueron utilizados, reconoció la aerolínea, para pagarles a sindicalistas, lo que permitió la entrada en operación de la compañía en ese país.
Sin embargo, estos pagos no fueron registrados de forma transparente y adecuada en los registros contables de la firma, lo que, entre otras cosas, impidió informar a los accionistas sobre los hechos mencionados.
Actos ilícitos
“Desde que mi representada (Inversiones Ranco Tres, la sociedad de Jorge Said) fue accionista de la compañía, hoy Latam, antes LAN, ésta se ha visto envuelta en una seria de escándalos comerciales que dañan, afectan y lesionan la fe pública como el patrimonio bursátil de la compañía. Esto, ha ido en detrimento de la participación accionaria en la firma de mi representada toda vez que los delitos asociados al resguardo de los valores, en especia, aquella que haga oferta pública de ésta, no son sólo excepcionales por lo graves sino que también son una carga que afecta el alma de la compañía, y con ello, su valorización, tangible como intangible”, dice la demanda interpuesta por Jorge Said.
Uno de aquellos escándalos corresponde al Caso LAN. En ese sentido, más allá de que la empresa reconoció los hechos y llegó a un acuerdo con la SEC y el DOJ de Estados Unidos, Said apuntó a las responsabilidades de Ignacio Cueto, quien era el CEO de la compañía cuando se efectuaron los sobornos a sindicalistas de Argentina. De hecho, Cueto también llegó a un acuerdo con esas entidades, donde reconoció, entre otras hechos, que él autorizó el pago de los sobornos. Además, tuvo que pagar una multa de US$ 75.000.
De este modo, Cueto se convirtió en el primer chileno en ser sancionado bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por su sigla en inglés) de Estados Unidos. En ese escenario, Said enfatizó que Cueto expuso a la compañía, ejecutivos clave y terceros, a las investigaciones que se han derivado de los hechos ocurridos entre 2006 y 2007.
Otros escándalos en los que ha participado la aerolínea son casos de colusión a nivel internacional. Uno de los más bullados es el que protagonizaron las filiales de la firma: Lan Cargo y Absa. Junto a otras aerolíneas (entre ellas, British Airways, Societé Air France, Quantas Airways y Japan Airlines) conformaron un cartel -entre 2003 y 2006- que tenía por objeto eliminar todo tipo de competencia a través de acuerdos colusorios de fijación de precios.
En 2009, las filiales de LAN (ahora Latam) reconocieron los hechos y en 2011 llegaron a acuerdos extrajudiciales con los demandantes en Estados Unidos, lo que implicó una indemnización total de US$ 66 millones: US$ 59,7 millones por parte de LAN Cargo y US$ 6,3 millones pagados por Absa.
Pero la acción legal interpuesta por Jorge Said no solo está enfocada en los actos ilícitos cometidos por Latam, junto a las responsabilidades del grupo controlador, directores y ejecutivos en aquellos hechos. También sitúa la atención en torno a las malas decisiones tomadas en el contexto de la fusión entre LAN y la brasileña TAM, concretada en 2012, y que dio origen al hoy denominado grupo Latam Airlines.
Luego de un análisis de notas de prensa e informes, entre otros documentos, el abogado de Said concluyó que “el directorio no hizo, como correspondía, en tanto órgano administrativo y gobierno corporativo, un due diligence (estudio financiero de la empresa) adecuado, prudente como profundo, acerca de las implicancias de tamaña fusión”. A su juicio, el directorio priorizó acceder al mercado brasileño por sobre el cuidado del patrimonio de los accionistas.
Remarcó que, de este modo, no se revisaron en profundidad aspectos relevantes como las ventajas y desventajas de cerrar la operación, la apertura de mercado, la competencia en Brasil, la depreciación bursátil que podría vivir LAN, entre otros.
La falta de un due diligence más acabado provocó, en parte, según estipula la demanda, que la fusión no arrojara los resultados que se habían anunciado previamente y que llevaron a Said y otros accionistas a invertir o aumentar su inversión en la aerolínea. En efecto, el primer trimestre de 2013, ya ejecutada la fusión, reportó una utilidad neta de US$ 42,75 millones, 48,9% menos que en igual lapso de 2012. Posterior a la fusión, la firma registró pérdidas durante cada año, al menos hasta cuando Said fue accionista: US$ 281 millones en 2013; US$ 109 millones en 2014; y US$ 219 millones en 2015.
Además, el documento cuestiona que el due diligence “incompleto” no permitió anticipar procesos y eventos que han sido perjudiciales para la empresa, como la crisis política y económica que ha enfrentado Brasil en los últimos años y que explica gran parte de la compleja situación que vive Latam.
El rol de los demandados
En todos estos hechos, Said acusó que los demandados tuvieron responsabilidades e incumplieron con los mandatos que les entrega la ley.
Sobre Ignacio Cueto Plaza, miembro del grupo controlador, indicó que era gerente de la empresa cuando se la sancionó por colusión internacional y también cuando se pagaron los sobornos a sindicalistas de Argentina. Asimismo, remarcó el hecho de que Cueto reconoció su participación en el Caso LAN y pagó una multa de US$ 75.000.
A Enrique Cueto Plaza, también integrante del grupo controlador y vicepresidente ejecutivo de LAN desde 1994 a 2012 y luego de Latam, lo acusó de faltar “a su labor de cuidado como prudencia al no realizar un buen due diligence en torno al mercado competitivo con motivo de la fusión con TAM”. Añadió que el proceso no fue lo completo que debió haber sido y, junto con ello, no permitió que los directores ejercieran su “deber ser”, es decir, actuar informada y prudentemente, por lo que los privó de “actuar con el debido celo como estándar exigido”.
En el caso de Jorge Awad, señaló que cuando era presidente del directorio de LAN se acusó a la empresa de colusión internacional, y como miembro del comité de directores refrendó el pago de las multas respectivas con cargo a la compañía y a los accionistas.
“Debió haber no sólo reprochado éticamente el actuar de su representada, como siempre lo hizo en estas materias respecto de otros actores de la plaza que han sido acusados de colusión, por ejemplo, CMPC y su grupo controlador, sino que evitar que se coludiera porque el historial de LAN en esta materia lo hacía previsible”, cita el documento.
A Ramón Eblen Kadiz, director desde hace más de una década y miembro del comité de directores, al igual que Awad, lo incluyen en la demanda porque “debió haberle asistido el deber de cuidado como diligencia debida en la administración de la compañía evitando el ejercicio de malas prácticas corporativas de parte de LAN”.
En tanto, respecto de José Ignacio Cueto, director y miembro de la familia controladora, la acción legal consignó que “debió haber ejercido el rol de lealtad como cuidado con las mayores exigencias de prudencia y cuidado”. Sobre todo, agregó, porque él había sido sancionado por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en 2007 con $ 37 millones, tras haber comprado acciones de LAN Airlines antes de que se dieran a conocer públicamente los estados financieros de la aerolínea del segundo trimestre de 2006.
Tanto a Juan José Cueto como a Awad y Eblen, además, les endosaron sus responsabilidades como miembros del directorio por avalar “un deficitario due diligence ante la fusión entre LAN y TAM, privilegiando con ello el rápido ingreso al mercado de Brasil por sobre consideraciones financieras como técnicas de la propia TAM que no hacían aconsejable su absorción”.
Querella:
Demanda de Jorge Said:
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