El conflicto de interés y las dudas en la licitación para ampliar la Línea 2 del Metro

La comisión técnica de la subasta de la ingeniería básica y de detalles de la extensión de la Línea 2 le adjudicó el proceso al consorcio conformado por Zañartu y Geocontrol, pese a presentar el segundo precio más alto ($ 3.219 millones). Además, el gerente de energía y transporte de la firma antes había trabajado por varios años en Metro, donde participó de la coordinación de algunas licitaciones. También se cuestiona que Zañartu tiene un juicio pendiente con el Estado, pues se querelló en mayo pasado contra el ministro de Obras Públicas. Ahora sólo resta que el directorio de la compañía confirme y valide este resultado.

El 7 de diciembre pasado se abrieron los sobres de las ofertas presentadas por las empresas que participaron de una de las licitaciones de la ampliación de la Línea 2 del Metro de Santiago, que comprende 4 nuevas estaciones y 5 kilómetros de extensión. En particular, se subastó la ingeniería básica y de detalles ligadas a esta obra, donde Metro había fijado un precio cercano a las 132.000 unidades de fomento (UF), lo que equivale a unos $3.476 millones.

Fuentes que conocen de cerca el proceso dijeron a Radio Bío Bío que la comisión técnica encargada de la licitación -a la que se presentaron 10 oferentes pero sólo 5 cumplieron con las bases-, se la adjudicó al consorcio conformado por la empresa local Zañartu Ingenieros Consultores (enfocada en asesorías de inspección fiscal e ingeniería de detalle) y la compañía internacional Geocontrol S.A. Ahora sólo queda que el directorio de Metro, liderado por Rodrigo Azócar, se reúna para ratificar esta decisión.

En el intertanto de que eso se concrete, la victoria de Zañartu/Geocontrol ha sido puesta en tela de juicio, pese a que ambas son empresas de vasta trayectoria y a que anteriormente se habían adjudicado otras licitaciones con la estatal.

Uno de las dudas en la licitación corresponde al precio ofertado. La propuesta de Zañartu/Geocontrol bordeó las 125.000 UF (en torno a $3.291 millones), la segunda más alta tras el de Geodata Spa (144.000 UF; $3.792 mil millones), aunque se ubicó por debajo del valor fijado por Metro y del promedio de la subasta (128.000 UF; $3.370 millones).

Varias fuentes consultadas justificaron que el consorcio Zañartu/Geocontrol haya ganado el proceso pese a no presentar el precio más conveniente para Metro. Argumentaron que la decisión de la comisión técnica de la firma de transporte no tomó en cuenta únicamente la oferta económica, sino también la calificación técnica, donde el consorcio obtuvo la segunda mejor nota después de Ara Worleyparsons. La calificación técnica mide diversos aspectos, entre ellos, la experiencia de la empresa y de los profesionales que la integran, y los estudios similares que haya realizado.

Metro viene utilizando esta forma de ponderación (precio + nota técnica) en sus licitaciones desde que enfrentó algunas complejidades tras adjudicar subastas en la Línea 4, donde consideró como variable preponderante el precio ofertado por las empresas participantes.

Consultados sobre el tema, desde la estatal señalaron escuetamente que “Metro de Santiago realiza un proceso de licitación pública internacional para proveer ingeniería básica de obras civiles y detalle para la extensión de la Línea 2, el cual se desarrolla con normalidad y estricto apego a las bases conocidas por todos los oferentes. Dicho proceso está en desarrollo y no ha sido adjudicado”.

En tanto, sobre el último paso que resta para confirmar la adjudicación de Zañartu/Geocontrol, es decir, el visto bueno del directorio, la compañía prefirió no dar detalles de la fecha en que esto se concretaría.

Por su parte, la compañía Zañartu optó por no entregar declaraciones.

Ejecutivo bajo la lupa

Otro factor que tiene en entredicho la confirmación del triunfo de Zañartu/Geocontrol en esta licitación, es el posible conflicto de interés de parte de un ejecutivo de la compañía chilena, también presente en Perú y Colombia. Se trata de Pablo Muñoz Briones, quien se desempeña desde hace algunos años como gerente de transporte y energía de Zañartu.

Anteriormente, ocupó un alto cargo en la gerencia de desarrollo de proyectos de Metro, involucrándose en la coordinación de licitaciones públicas de la firma. De hecho, en 2007 la empresa de transporte subastó el suministro del sistema de bandejas de baja tensión de la “Línea Maipú” y de la “Línea 1 Oriente”, designando como coordinador del proceso a Muñoz Briones, que en ese tiempo se desempeñaba como subgerente de construcción de la mencionada gerencia.

En 2011 también participó de la coordinación de otra licitación. En octubre de ese año la compañía publicó las bases administrativas del proceso de subasta de la ingeniería básica de obras civiles de las líneas 3 y 6 del Metro. En aquella ocasión, Muñoz Briones fue uno de los encargados de recibir las consultas formuladas por los oferentes y también participaba de la elaboración de las respuestas, junto a su jefe y otro compañero de labores.

En ese contexto, algunas de las licitaciones de Metro en las que participó Muñoz Briones como uno de los coordinadores, fueron adjudicadas a Zañartu.

Previo a la llegada de Muñoz a Metro, el ejecutivo ya había tenido un paso por Zañartu, aunque en un cargo de menor rango.

Todo esto fue cuestionado por algunas fuentes del sector, quienes plantearon que el ejecutivo podría estar frente a un conflicto de interés por haber pasado por la empresa mandante y estar trabajando actualmente en la firma ganadora. Sobre todo por el hecho de haber tenido un rol protagónico en la coordinación de algunas subastas.

Radio Bío Bío le envió preguntas sobre este asunto tanto a Metro, Zañartu y Pablo Muñoz, pero ninguno de los involucrados entregó respuesta.

Pero las dudas no cesan ahí. Un factor adicional que pone bajo sospecha esta licitación es que Zañartu tiene un juicio pendiente contra el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, ya que en mayo de este año la empresa se querelló contra el secretario de Estado acusándolo del delito de prevaricación. Lo anterior, luego de que el ministerio sancionara a la empresa -suspendiéndola por un año del registro de contratistas de la cartera- porque no habría advertido los problemas que ha presentado la construcción del Puente Cau Cau, en Valdivia.

En la presentación de la acción legal, la firma argumentó que el titular del MOP convocó a la comisión de registros para evaluarla y sancionarla-, “sin que la comisión referida detente facultades legales ni reglamentarias para juzgar la labor del querellante y consultor”.

Un abogado experto en materia de licitaciones dijo que si bien en las bases de cada licitación se establecen cuáles son los requisitos para participar, donde se podría incluir o no que el oferente no tenga juicios pendientes con el Estado, consideró que debería darse como un estándar mínimo que una empresa regulada por el Estado exija esta condición en sus subastas públicas. De lo contrario, agregó, se da una gran contradicción al adjudicarle un proceso a una compañía que está enfrentada con el Estado, como podría ocurrir en este caso.

En ese sentido, cabe precisar que la propiedad de Metro corresponde en un 62,75% a la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), entidad pública, y en un 37,25% de forma directa al Fisco chileno. Además, se rige por dos sistemas normativos. Por un lado, está regulado por las normas de las sociedades anónimas y es fiscalizada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS); y por otro, está sujeto a las normas de derecho público bajo las que se rigen las empresas en que el Estado es dueño o tiene participación mayoritaria.