La auditoría de Contraloría que complica al Ministerio de Minería

El ente contralor objetó un contrato que suscribió el Ministerio de Minería con la consultora inmobiliaria GPS. En paralelo, dos funcionarios investigados por incumplimientos de horarios renunciaron a sus cargos y la subsecretaría del ramo inició tres sumarios al interior de la repartición.

En 2015 el Ministerio de Minería concretó su cambio de dependencias a los pisos 15, 16 y 17 de Amunátegui 232, una medida anhelada hace años por funcionarios de la entidad. La cartera liderada por Aurora Williams llevaba 62 años ocupando parte del piso 9 del Ministerio de Hacienda, en Teatinos 120, pero la estrechez del lugar y la solicitud de devolución que había hecho la cartera que hoy encabeza Rodrigo Valdés, obligaron a Minería a buscar nuevas y más amplias oficinas. El cambio se realizó en octubre de ese año y prometía dar nuevos aires al ministerio. Pero no fue así.

Una auditoría de la Contraloría General de la República, que hizo llegar a las autoridades del ramo el 24 de agosto, objetó parte del proceso y ordenó que se realice un sumario al respecto. No fue lo único. La revisión que llevó adelante el organismo fiscalizador también indagó en el cumplimiento de funciones de cinco asesores del Ministerio de Minería, dejando a varios heridos en el camino y otros dos sumarios actualmente en curso. Por ello, dicen al interior de la cartera, lo que partió como un proceso positivo, se ha transformado en una situación compleja para la ministra Williams y el subsecretario de la cartera, Ignacio Moreno.

La auditoría de Contraloría

En marzo de 2015 el Ministerio de Minería suscribió el contrato de arrendamiento de las nuevas dependencias con la compañía de seguros CorpVida, cuyo nombre cambió recientemente a Confuturo, tras ser adquirida por la Cámara Chilena de la Construcción. Dicho contrato fijó un cobro mensual de 1.414,92 Unidades de Fomento (UF), lo que equivale a $ 34,78 millones y un período de arrendamiento por 10 años.

Para llevar a cabo el proceso de cambio -incluida la búsqueda de las nuevas dependencias- la cartera había contratado los servicios de la consultora inmobiliaria Global Property Solutions (GPS), para lo cual desembolsó $55,82 millones. Fue ese contrato el que objetó Contraloría, tras dos denuncias, por separado, de los diputados Nicolás Monckeberg (RN) y Gabriel Silber (DC).

“La asesoría inmobiliaria efectuada por la empresa GPS Global Property Solutions S.A. comenzó en el mes de septiembre del año 2014, sin que se encontrara amparada por un acuerdo formal suscrito con la Subsecretaría de Minería, cuya contratación fue efectuada con posterioridad vía trato directo”, concluyó el informe firmado por el contralor general Jorge Bermúdez Soto, al cual accedió Radio Bío Bío.

El ente contralor agregó que si bien se invocó la causal que permite a los organismos públicos utilizar este mecanismo para contratar servicios bajo ciertas circunstancias, no fue acreditada por la Subsecretaría de Minería, cuyo titular es Ignacio Moreno (PPD). Por lo anterior, la Contraloría determinó que “la entidad fiscalizada deberá instruir un sumario administrativo”. Tras ello, Moreno instruyó que se iniciara un sumario para investigar el tema, confirmaron fuentes ligadas a la cartera.

Tanto Moreno como Williams prefirieron no dar declaraciones para este artículo.

Las observaciones

Silber ofició al ministerio de Minería en noviembre de 2014 y solicitó que le entregaran antecedentes de lo que denominó como “millonario” contrato. Monckeberg, en tanto, ofició directamente en marzo de 2016 a Contraloría y expuso que el contrato entre la cartera y GPS fue suscrito el 19 de marzo de 2015 y posteriormente aprobado el 22 de mayo.

“Llama la atención que una vez ya recibida la oferta por parte de Corpvida (noviembre de 2014) y aprobado y autorizado el arriendo del inmueble por parte de la dirección de Presupuestos (enero de 2015), se haya llevado a cabo, por parte de la subsecretaría de Minería, un proceso de contratación directa de un servicio de asesoría inmobiliaria con la empresa GPS, el cual tenía como propósito precisamente una gestión que ya se encontraba realizada, careciendo, en opinión del suscrito, de fundamento por cuanto el objeto de la asesoría se encontraba cumplido”, acusó Monckeberg.

Todas estas dudas y cuestionamientos fueron despejados por la investigación desarrollada por Contraloría. “Se verificó que la participación de ubicación de un inmueble para dicha cartera de Estado comenzó en septiembre del año 2014, según lo acreditan los correos electrónicos intercambiados entre ambas entidades y la dirección de Presupuestos”, consigna el informe del organismo fiscalizador, que lideró Patricia Dumas Ortega, jefa del área de Hacienda, Economía y Fomento de la división de Auditoría Administrativa.

Detalló que en estos correos se aborda la coordinación de visitas a los edificios propuestos, un cuadro comparativo de las alternativas visitadas y las tratativas de GPS para obtener una oferta formal de CorpVida, entre otros aspectos. En las misivas intercambiadas también consta que la empresa proponía el cobro de una comisión de gestión comercial correspondiente a medio mes de arriendo si se firmaba un contrato hasta por dos años y de 2% sobre el valor total del contrato si el plazo era superior.

“Lo anterior implica que las operaciones realizadas por GPS durante el año 2014 no se encontraron amparadas por un acuerdo formal suscrito con la Subsecretaría de Minería, lo que no guarda armonía con los principios de control, eficiencia y eficacia, que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado”, cita el documento de 27 páginas, firmado por el contralor Bermúdez.

La Contraloría también detectó una ausencia de antecedentes que fundamenten la contratación mediante la modalidad de trato directo.

En tal sentido, en su informe explicó que la subsecretaría liderada por Ignacio Moreno autorizó y aprobó la contratación directa de GPS invocando la causal contemplada en el artículo 10, letra f), del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. Esta establece que se puede hacer uso de la referida modalidad “cuando por la magnitud e importancia que implica la contratación se hace indispensable recurrir a un proveedor determinado en razón de la confianza y seguridad que se derivan de su experiencia comprobada en la provisión de los bienes o servicios requeridos, y siempre que se fundadamente que no existen otros proveedores que otorgen esa seguridad y confianza”.

Sin embargo, tras revisar los antecedentes del caso, el organismo fiscalizador estableció de manera contundente que las circunstancias de hecho aludidas “no se encuentran debidamente fundamentadas por la entidad investigada”.

De este modo, remarcó, “no se advierte el fundamento para eludir el mecanismo de licitación pública que las reparticiones deben observar como regla general (…), salvo la necesidad de regularizar una contratación que ya había operado de hecho”. En esta línea, indicó que la subsecretaría argumentó que procedió a través de contratación directa por la amplia trayectoria que tiene GPS en el rubro y por la cantidad de empresas y/o instituciones importantes del sector público y privado que han contratado sus servicios.

GPS, según su sitio web, efectivamente acumula más de 50 años de experiencia en el rubro y recientemente reclutó para su directorio a tres nombres ligados a los negocios y la política. Se trata de Joaquín Brahm, ex tesorero de la UDI y director de empresas; Jorge Lesser, ex asesor del dueño de El Mercurio, Agustín Edwards, y director de EuroAmerica, Essbio, Esval, entre otras; y Oliver Flögel, ex secretario de Desarrollo Digital del gobierno de Sebastián Piñera y ex gerente general de Telefónica.

El ente de control fue más allá y enfatizó que “en atención a la irregularidad originaria, en el sentido que los servicios ya habían sido prestados, la repartición no tenía opciones reales de realizar un proceso de selección de proveedores, por lo que el trato directo no tuvo otro objeto que revestir de formalidad aquella contratación, la cual debió dar origen en su oportunidad a la correspondiente licitación pública, conforme con las reglas generales, en lugar de proceder como ocurrió, sobre hechos consumados”.

Horarios sin control

La denuncia realizada por Monckeberg no sólo apuntaba a la asesoría contratada con GPS. También acusaba que se habrían cometido irregularidades por parte de personal a contrata, vinculadas a ausencias reiteradas y graves incumplimientos de la jornada horaria.

El diputado acusó que estas supuestas irregularidades estaban siendo cometidas por Héctor Rocha, asesor laboral del ministerio, y que en paralelo se desempeña como consejero regional de la Región Metropolitana. También apuntó a Felipe Zavala, asesor de medio ambiente, y que al mismo tiempo ejerce como concejal de Estación Central. Otros funcionarios cuestionados por el parlamentario son Domingo Fuenzalida, profesional del área de estudios; Carlos Montoya, abogado que asesora directamente a la ministra; y Felipe Curia, jefe de la División Jurídica.

Tras realizar su investigación, Contraloría informó que “se verificaron omisiones en la marcación de inicio y/o término de la jornada de trabajo de los funcionarios que se individualizan en la denuncia, que no aparecen autorizadas por las jefaturas directas, incumpliéndose lo instruido por esa subsecretaría”.

Para sanear esta situación, el organismo ordenó a la institución que acredite la debida justificación por parte de las jefaturas que corresponda para cada caso y, además, efectuar los respectivos descuentos en las remuneraciones de los funcionarios.

El informe también constató que “los permisos facultativos, feriados y cometidos funcionarios se encuentran autorizados mediante los respectivos actos administrativos, excepto aquellos relacionados con la concurrencia de don Héctor Rocha Pérez y don Felipe Zavala Jara a las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por el Consejo Regional Metropolitano y el Concejo Municipal de la comuna de Estación Central, respectivamente, en su calidad de integrantes de dichos cuerpos colegiados”.

Sin embargo, desde marzo de 2016 Zavala cuenta con la autorización que le permite ser concejal y funcionario del Ministerio de Minería, solicitud que hizo a la subsecretaría de Minería en agosto de 2015. Rocha, en tanto, no pudo ser ubicado por este medio para corroborar si se le cursó la misma autorización.

Como sea, y luego de exponer las diversas observaciones, el ente de control le exigió a la subsecretaría que remita el “informe de estado de observaciones” en un plazo máximo de 60 días hábiles, donde deberá informar sobre las medidas que implementó para solucionar los problemas detectados, acompañando los antecedentes que las respalden.

En medio del desenlace de este proceso, dos de los funcionarios investigados renunciaron a la cartera. Se trata de Héctor Rocha y Carlos Montoya, ambos ligados al PPD. Sobre este tema, hay versiones encontradas: mientras algunas fuentes del ministerio apuntan a que ambos habrían dejados sus cargos por motivos personales, otras comentan que el propio subsecretario Moreno les habría solicitado la renuncia a partir de los antecedentes surgidos del informe de Contraloría.

En el caso de Moya, percibía una remuneración bruta mensual de $2.717.611, mientras que la de Rocha ascendía a $2.653.889, de acuerdo a la información consignada en la página de transparencia de la repartición.

Además, a raíz de esta investigación, junto con instruir un sumario por el contrato con GPS, el subsecretario Moreno también ordenó iniciar sumarios administrativos en el área de Recursos Humanos y por compras y adquisiciones realizadas desde 2014 en adelante.

Lee aquí el informe completo de Contraloría:

  Informe de Contraloría sobre Ministerio de Minería by BioBioChile on Scribd