Leyendo los 28 puntos del petitorio de los pescadores de Chiloé, temí encontrarme con una lista de deseos de Amazon que incluyera ponis y camiones de Coca-Cola. Muy por el contrario, la mayoría de las demandas del gremio me parecen bastante sensatas y, en lo que es una mirada a largo plazo, apuntan desde ya a estudios para sus hijos y una reconversión laboral para ellos, más que a que el Estado los sustente para siempre (como ha pasado en la región del Bío Bío con los ya hipócritamente llamados “empleos de emergencia“).

El problema es que de un tiempo a la fecha, nuestros gobiernos -todos, e independiente de su color político- se han acostumbrado a que los problemas de la gente se resuelven depositándoles “bonos“, como una especie de mesada que los hace dependientes del Estado y, por supuesto, muy agradecidos del gobierno de turno, como sucedió a destajo en el primer periodo de Michelle Bachelet.

Sin embargo, la semilla de este cohecho encubierto la incubó Ricardo Lagos cuando dio a conocer su magnífica idea del “impuesto verde” (eufemismo de ‘pague por contaminar’), que permitía a las empresas destruir el medioambiente a destajo mientras lo compensaran monetariamente.

¿Qué relación tiene? Que fue el presidente socialista, quien nos enseñó que los derechos, como el de vivir en un ambiente libre de contaminación, se pueden transar en dinero, algo que una década después, Freirina y Ventanas nos mostraron que ningún pago o beneficio puede sustituir tus derechos básicos y los de tus hijos.

Luego fue Bachelet y posteriormente Piñera, como excelente alumno, quienes usaron la política de la entrega de bonos para ganar simpatías y quitarse de encima rápidamente sus responsabilidades. Después de todo, se dieron cuenta de que la gente se pone feliz cuando les entregas dinero o gift cards, como sucedió tras los incendios de Valparaíso, en que algunas personas incluso gastaron sus asignaciones en costosas poleras de equipos de fútbol, sin mayor guía sobre cómo usar prudentemente el dinero para reconstruir sus vidas.

Lo increíble es ver cómo la historia se sigue repitiendo sin que aprendamos. Durante el gobierno de Frei Ruiz-Tagle tuvo lugar uno de los episodios más asnales en materia de reconversión laboral cuando tras el cierre de Enacar en Coronel y Lota, se intentó capacitar a los exmineros en peluqueros o taxistas.

La zona del carbón se convirtió en las comunas con mayor cantidad de peluqueros y taxistas inoperantes; y como insulto a la felonía, luego Lagos inauguró lo que llamó como el nuevo “Silicon Valley” chileno en Lota, con la intención de abrir un polo de alta tecnología en uno de los lugares con niveles más bajos de educación de Chile.

Previsiblemente, a los pocos años sólo BancoEstado mantenía un call center en el sector, obligado por política estatal.

Más hábil fue la Fundación Chile, que intentó darle nuevos bríos al Parque de Lota y la Mina de Schwager aprovechándolo como atractivo turístico de la mano del propio conocimiento y amor de los mineros por su actividad. Desafortunadamente, no tuvieron el apoyo suficiente y hoy apenas son una sombra del proyecto original.

Entonces, lo de Chiloé no es un asunto de “lucas más, lucas menos“. Es un asunto de cómo planteamos ofrecerle un nuevo sistema de vida a personas que por generaciones han desarrollado actividades ligadas al mar. Se trata de sentarse a pensar y dialogar con ellos en vez de enviar buses con Fuerzas Especiales para que los apaleen, o que les entreguen un “bono” para que se dejen de huevear.

Esta una oportunidad, no un problema.

Los pescadores están dispuestos. Ojalá las autoridades así lo entendieran.

Christian F. Leal Reyes | Facebook
Periodista
Director de BioBioChile