Columna escrita por Álex Molina, arquitecto de la Universidad de Concepción.
Cuando pienso en lo paradójico que muchas veces resulta ser nuestro idioma, uno de los primeros ejemplos que se me vienen a la mente es el contrato a honorarios. Es que el honor, no es precisamente lo que mejor representa a esta modalidad contractual.
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Ciertamente debemos tener en cuenta que el contrato a honorarios tiene su justificada razón de ser y un marco claramente definido, dentro del cual es válido y apropiado. Un ejemplo sería contratar los servicios de Américo para amenizar la Fiesta de la Primavera en el poblado de Pelotillehue. Hasta aquí, todo bien.
Lamentablemente, en nuestro mercado laboral chileno, la mayor parte de las veces los contratos a honorarios resultan ser una forma muy cómoda de saltarse las garantías y derechos que consagra la ley para los empleados contratados bajo el amparo del Código del Trabajo. Y esto no es lo peor.
El Estado, a través de sus ministerios, servicios, gobiernos regionales y municipios, ha permitido y promovido la existencia de funcionarios de tercera categoría. Personas que se levantan cada día a cumplir horarios y funciones habituales de sus respectivas organizaciones, sometidos además a la presión de la inestabilidad laboral y, en la mayoría de los casos, sin tener derecho a vacaciones, viáticos, horas extraordinarias ni licencias médicas.
Si le preguntamos, por ejemplo, a un directivo grado 7º de la Escala Municipal de Remuneraciones cuánto gana, este responderá que su sueldo líquido es de un millón cien mil pesos aproximadamente. Al responderle, sin mala intención, seguramente olvidará que su sueldo realmente es cercano al millón cuatrocientos mil pesos y que mes a mes, una significativa cantidad de dinero irá sumándose para tener una pensión al jubilar y ayudará a financiar un sistema de salud.
Si realiza esta misma interrogante a un profesional de alguna Seremi, contratado a honorarios para hacerse cargo de algún programa de importancia, este le responderá que también gana un millón cien mil pesos, que le descuentan el 10% pero que este lo recupera anualmente en el mes de mayo en la Operación Renta. Ambos tienen en su mente la idea de que ganan el mismo valor en su sueldo, pero ya sabemos que esto no es así. Porque uno por razones de trabajo se trasladará de una ciudad a otra y por esto recibirá una gratificación, el otro no. Porque uno recibirá anualmente un bono de vestuario, el otro no. Porque uno pagará $8.000 pesos por sus radiografías y el otro, diez veces más. Y así ad infinitum.
Finalmente, esta realidad tiene una cara todavía más cruel y es el ab(uso) instrumentalmente político que en muchos estamentos, se les da a los funcionarios a honorarios. Es cuestión de ver quiénes son los que realizan labores “voluntarias” (escrito así, entre comillas) y extraordinarias de apoyo a los jefes de turno. Y hay una razón muy clara: es más fácil despedirlos, porque prácticamente no tienen derechos laborales.
Así, el día en que se realice la hermosa Fiesta de la Primavera en Pelotillehue, se verá a los funcionarios a honorarios cobrando las entradas, haciendo de guardias de seguridad, apilando las sillas, montando el escenario, llevándole bebidas y comestibles a los músicos, mientras al otro lado, en el público, los “bien contratados” disfrutarán tranquilamente y en familia de las hermosas canciones de Américo.
“A ver… ¿A quién no le ha pasado?
¡Que levante la mano…!”
