Se mantiene el precario estado del centro de detención de menores dependiente del Sename en Coronel, de acuerdo a la última visita de la Comisión Intersectorial, que constató la existencia de ilegales celdas de castigo y el sostenido consumo de drogas entre los jóvenes internos. Una máquina de rayos X para controlar el ingreso de sustancias prohibidas está en desuso, denunció Gendarmería.
Un nulo mejoramiento de las condiciones de infraestructura y del funcionamiento del Centro de Internación detectó la comisión conformada por representantes del Ministerio de Justicia, del Poder Judicial e incluso de Unicef, entre otros, en comparación con la última visita al establecimiento.
Radio Bío Bío tuvo acceso al informe donde se da cuenta de las paupérrimas condiciones en que son mantenidos los 84 menores y adolescentes actualmente internos en un establecimiento que ni siquiera se encuentra conectado a la red de agua potable.
A la inexistencia de programas de reinserción para los infractores se suma la falta de capacitación para los profesionales encargados de su cuidado, según detallan los fiscalizadores, agregándose un aumento en las licencias médicas de los funcionarios y las ausencias por permisos gremiales de varios de ellos.
Pero en lo que subraya el documento es en el aumento del consumo de droga entre la población, aspecto que desde Gendarmería se responsabiliza en la dirección del centro y del Sename, por no agilizar la implementación de la tecnología ya adquirida para controlar el ingreso de sustancias y elementos prohibidos al interior del establecimiento.
Así lo señaló el presidente provincial de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios, Daniel Jara, al referirse a máquinas de rayos X en desuso.
A pesar de eso y con las mínimas condiciones de fiscalización, personal de Gendarmería ha logrado requisar en el último tiempo 200 dosis de drogas y teléfonos celulares, situación de la que dio cuenta el defensor regional Osvaldo Pizarro.
Otra materia particularmente sensible para el jefe de la Defensoría es la existencia de celdas de castigo, y que el Comité Intersectorial viene observando desde el año 2014, sin que hasta ahora sean retiradas. Para Pizarro esta situación es reprochable, puntualizó.
En los últimos días se ha criticado desde el Legislativo que el Sename continúe en manos de autoridades políticas -como la directora nacional Marcela Labraña- y que a nivel regional se repita esta situación con la militante demócrata cristiana Rina Oñate, quien desde su llegada ha demostrado una nula gestión e incluso se ha permitido dividir su trabajo en el organismo con su rol como concejal en Chiguayante.
