El Colegio de Matronas advirtió que sus colegiadas prefieren ir a la cárcel antes de denunciar a las pacientes que se practiquen un aborto, como lo establece el proyecto aprobado ayer en el Congreso.
Molestia causó en el Colegio de Matronas un conjunto de modificaciones introducidas por parlamentarios de la Democracia Cristiana al proyecto que busca la despenalización del aborto en tres casos que fue aprobado ayer en la Cámara de Diputados.
Es el caso del deber de denunciar que tendrá el personal médico de encontrarse con un caso de violación. La presidenta del gremio, Anita Román advirtió que de ser aprobado el proyecto como está, el 90 por ciento de las colegiadas preferirán ir a la cárcel, antes de denunciar a una mujer que interrumpió su embarazo acogiéndose a la ley.
Coincidió en el fondo del planteamiento hecho por Román, la ex ministra de Salud Helia Molina, una de las creadoras del proyecto de ley que el Gobierno envió al Congreso y que continúa en discusión, en su primer trámite constitucional.
Molina aseguró que no está en el rol del médico denunciar a una paciente, sino que sólo atender su dolencia.
Mientras que el presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, estimó que el proyecto fue fortalecido durante la discusión y que no será el médico el que denuncie, sino que sólo entregará los antecedentes para que la dirección del recinto de salud lo haga.
La Sala de la Cámara comenzará a analizar el próximo martes en sesión especial la iniciativa, la que podría ser sometida el miércoles a la votación de todos los diputados.
