El pasado mes de enero fue publicada la La Ley de Probidad en la Función Pública, la cual comenzará a regir a contar de abril.
Con esta iniciativa, que busca un endurecimiento de los estándares de transparencia, se extiende el número de funcionarios que deben hacer una declaración patrimonial e intereses.
Asimismo exige mayor detalle en las de bienes, actividades realizadas y sociedades que compone, a la vez que aumenta las sanciones a los infractores de esta norma, donde incluso es posible solicitar la destitución del cargo de aquellos funcionarios que no cumplan con esta ley, tal como consigna El Mercurio.
Recordemos que hasta el momento Cristian Riquelme, actual administrador de La Moneda cuestionado en el marco del caso Caval, no tenía la obligación de realizar una declaración de intereses ya que su cargo de director administrativo se excluía de los trabajadores públicos que debían cumplir con esta norma.
Pero ahora esta ley, que comenzará a regir en abril de este año, aumenta el número de cargos que están obligados a detallar su declaración de intereses a aquellos “funcionarios directivos de la Administración del Estado que se desempeñen hasta el nivel de jefe de departamento o jefe de división o su equivalente en grado”.
