El diputado Christián Urízar (PS) aseguró que el Ministerio Público no tiene las pruebas suficientes para lograr su desafuero. El congresista aseguró que la Fiscalía no tiene antecedentes que sustenten la acusación en su contra.

Urízar se refirió la mañana de hoy viernes respecto a la solicitud de desafuero presentada en su contra por parte de la Fiscalía. El diputado afirmó que al denuncia sólo se basa en utilización de recursos fiscales, pero que no tienen boletas, facturas o algún antecedente concreto.

El congresista explicó que está convencido de su inocencia y que lo demostrará en la instancia que corresponda.

En este contexto, afirmó que el Ministerio Público está exagerando. “La justicia finalmente dirá qué ha pasado. Siento que está muy de moda el tema de la persecución al mundo político, y yo soy parte de este tema. Tendré que asumirlo”, dijo en declaraciones recogidas por La Tercera.

Por su parte, el fiscal de la Unidad Regional Anticorrupción, Patricio Toro, informó que en caso de que se acoja la solicitud, la Fiscalía solicitará 5 años y un día de presidio efectivo para el diputado. Además de una multa por el 50% de lo defraudado y la prohibición de ejercer cargos públicos por un año.

El fiscal señaló que al diputado se le acusa de coordinar la aprobación de diez proyectos por un total de 117 millones 800 mil pesos, mientras se desempeñaba como consejero regional, lo que habría ocasionado un perjuicio fiscal por 60 millones de pesos.

Otros involucrados

En este caso, existen otros tres implicados, el empresario y suboficial de Gendarmería, Luis Vásquez, para quien se solicitará un pena de 5 años y un día de presidio, además de 7 años de inhabilitación ejercer cargos públicos.

La segunda persona involucrada es Carolina Ibaceta, pareja de Vásquez y asesora del diputado Urízar, quien arriesga una multa por el 10% del dinero defraudado y 5 años sin ejercer cargos públicos, además de los 5 años y un día de presidio.

El tercer acusado es el ex concejal de La Calera, Lautaro Correa, para quien el persecutor solicitará 7 años de inhabilitación de cargos públicos y una multa del 50% de lo defraudado.

La respuesta a la solicitud de desafuero realizada por el Ministerio Público, en tanto, podría ser dada a conocer en marzo, según indicó el fiscal, quien detalló que cuentan con documentación y testimonios necesarios para acreditar la participación de diputado Urízar en este caso.