La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso presentó una querella criminal en contra del estudiante de la misma casa de estudios, Miguel Moya, por los destrozos sufridos por el inmueble, en el marco de una toma de las dependencias ocurridas en junio pasado.
Moya, quien pertenece a la carrera de Trabajo Social, acusa persecución política por parte de los autoridades de la PUCV, debido a su condición de “vocero de asamblea”, por lo que lo apuntaron como “cara visible” del robo de materiales educativos y los destrozos de los inmuebles, inclusive de algunas figuras religiosas.
Según relató Moya a Radio Bío Bío de Valparaíso, el acto delictual se desarrolló en en el séptimo piso del edificio, mientras él se encontraba en el subterráneo y su otro compañero -acusado al ser también, vocero de asamblea- se encontraba en Rancagua.
El estudiante junto con desestimar las pruebas levantadas en su contra, manifestó su preocupación por el sumario interno realizado en la PUCV, que lo sindica como único autor de los hechos, además de la acción judicial que deberá enfrentar en su contra.
Por su parte, el rector de la Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui, justificó la querella criminal presentada en el Tribunal de Garantía contra los voceros de la asamblea de estudiantes -Miguel Moya y José Vega- y quienes resulten responsables de los destrozos y robos sufridos durante la toma efectuada por un sector de los alumnos.
La autoridad académica aseguró que las fotografías registradas, una vez abandonadas las dependencias, son evidencias suficientes para establecer la responsabilidad del estudiante en hechos delictivos al interior de la universidad.
La Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Fepucv), pidió un proceso justo y transparente, solicitando que no se oculten las evidencias.
La vicepresidenta de la Fepucv, Paloma Jorrat, detalló que Moya además de arriesgar 5 años de presidio al ser acusado por el delito de “robo lugar no habitado”, también puede recibir una multa de mil y un año de cárcel por presuntos daños a la propiedad privada, sumado a la agravante de profanación de figuras religiosas.
Otra pena que podría sufrir el estudiante de Trabajo Social -si se comprueban los hechos- es ser expulsado de la PUCV e inhabilitado para matricularse en cualquier casa de estudio dependiente del Consejo de Rectores.
Jorrat aseguró que la acción presentada contra Moya forma parte de un maquineo político, en base a estatutos que responden a parámetros arrastrados de la dictadura militar
Moya que se encuentra a la espera de que Fiscalía estime una fecha para su formalización e investigación, señaló que hasta el momento el proceso que lleva a cabo la universidad ni siquiera ha considerado su versión, siendo que ha mostrado voluntad para esclarecer los hechos.
El caso del estudiante de Trabajo Social ha generado todo un revuelo, por lo que se han realizado diversas manifestaciones en la propia PUCV y por medio de redes sociales, distintas agrupaciones han manifestado su apoyo.
