El ayuntamiento de Madrid, dirigido desde junio por la izquierdista Manuela Carmena, aprobó este martes cambiar el nombre de 30 calles de las muchas que siguen homenajeando a personalidades de la dictadura, cuatro décadas después de la muerte de Francisco Franco.

La medida fue aprobada con los votos de la plataforma Ahora Madrid encabezada por Carmena, del Partido Socialista y de la formación centrista Ciudadanos. El conservador Partido Popular, que había gobernado la capital anteriormente durante 24 años, votó en contra, anunció el ayuntamiento en un comunicado.

Así, a partir del segundo trimestre de 2016 Madrid dejará de tener una “Plaza del Caudillo” en recuerdo de Franco y olvidará calles como la “del Arco de la Victoria“, “de Arriba España” o “de los Caídos de la División Azul“, en honor a los miles de voluntarios españoles que combatieron junto a la Alemania nazi en el frente ruso a partir de 1941.

La capital rebautizará también las calles que conservan los nombres de generales franquistas. Entre ellos Emilio Mola, cabecilla del golpe de Estado militar de 1936 contra la Segunda República que, tras su fracaso, dio paso a tres años de guerra civil. O Antonio Sagardía Ramos, conocido como el “carnicero de Pallars” por las matanzas de republicanos en esa localidad catalana.

Este es solo el principio, anunció el ayuntamiento, precisando que el callejero madrileño verá más adelante otros cambios.

El nuevo equipo municipal había previsto esta medida desde su investidura, pero en el 40º aniversario de la muerte de Franco, el 20 de noviembre, el grupo socialista había llamado a pasar de “las declaraciones de intenciones a los hechos”.

Los socialistas repertoriaron “más de 170 calles, plazas y pasajes con nombres de personajes destacados del franquismo y la Falange“, partido de inspiración fascista fundado en 1933.

Un abogado español, Eduardo Ranz, presentó este año una petición a 60 ayuntamientos en toda España, incluido Madrid, para que apliquen la ley de Memoria Histórica, destinada a reconocer los derechos de las víctimas del franquismo (1939-1975), adoptada en 2007 cuando los socialistas gobernaban España.

Ésta dispone que las administraciones públicas “tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.