Pese a los deseos del Gobierno, el Tribunal Constitucional no adelantó la redacción del fallo y hoy notificará a las partes los detalles de la objeción a los criterios de la gratuidad. Parlamentarios y rectores insisten en que no se puede hacer distinción de trato entre las universidades del Estado, a horas de que el Ejecutivo mande una ley corta para reponer el beneficio.
En el Tribunal Constitucional se tomaron su tiempo y notificarán a las partes en la fecha que se había estipulado, pese al llamado del ministro del Interior, Jorge Burgos, de adelantar la redacción del fallo sobre la gratuidad, para terminar con la incertidumbre y dar a conocer el mecanismo que usará el gobierno para reponer el beneficio.
Desde el Consejo de Rectores respaldaron la idea de incluir a todas las universidades estatales y no hacer distinción entre ellas. El vicepresidente Ejecutivo del Cruch, Aldo Valle, aseguró que no se puede pretender ahora querer condicionar los años de acreditación al financiamiento de las instituciones.
Misma postura es la que han manifestado un grupo de parlamentarios de la Nueva Mayoría y de Revolución Democrática, quienes han condicionado su voto a que todos los planteles estatales sean tratados de la misma forma al momento de ingresar a la gratuidad, como lo detalló el diputado Giorgio Jackson.
Luego que se conociera la idea del gobierno de enviar una ley corta, donde se fijaba como criterio tener cuatro años de acreditación, quedando afuera 3 universidades estatales, en la UDI terminaron abriéndose a la idea que estos planteles reciban una acompañamiento, señaló el diputado, Jaime Bellolio.
En el Gobierno debiesen dar a conocer hoy el mecanismo que se implementará para reponer la gratuidad, el cual sería por medio de una ley corta, quedando aún por conocer si ésta abarcará sólo a las universidades privadas y de qué forma el Ejecutivo beneficiará a sus instituciones.
