La ministra de Justicia, Javiera Blanco, reiteró este viernes que no se sentarán a conversar con la Asociación de Empleados del Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile (Anercich) mientras la organización no deponga el paro que iniciaron el martes 29 de septiembre.
“Queremos apelar de nuevo a la responsabilidad de todos los funcionarios del Registro Civil para, ojalá a partir de esta tregua que se ha hecho para efectos de celebrar los Acuerdos de Unión Civil y los matrimonios, podamos tomar este impulso para retomar las funciones con normalidad el día lunes”, planteó la jefa de cartera.
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Según explicó la ministra, la idea es que después de normalizar el servicio puedan sentarse “en una mesa a continuar conversaciones que ya se han iniciado antes de las paralizaciones, para poder seguir trabajando en la modernización de la institución”.
”Hoy día creemos que hay una buena oportunidad para que podamos sentarnos, pero con el servicio normalizado”, insistió.
Declaraciones que entregó la ministra después de nombrar al abogado Luis Acevedo Quintanilla, que se desempeñaba como director de la Dirección de Crédito Prendario, como nuevo director transitorio del servicio en paro. Su primera tarea será un plan de contingencia por la movilización.
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Hasta ahora, los trabajadores del Registro Civil solo han realizado atenciones a personas que necesitan diligencias urgentes. Numerosos grupos de personas han acudido a diario durante el paro a solicitar números para acceder a documentos, llegando incluso a pernoctar en filas en las afueras de las oficinas para concretar esos trámites. Esa atención, según anunciaron los trabajadores, dejará de producirse el lunes, ante la negativa del Ejecutivo a iniciar el diálogo.
La principal demanda de los trabajadores movilizados se relaciona con un bono que habría ofrecido el anterior ministro, José Antonio Gómez, antes de asumir en Defensa el pasado 11 de mayo. Los funcionarios explican que dentro de la negociación con el anterior ministro se analizó la brecha en las remuneraciones entre los trabajadores del aparato estatal, estableciéndose que ellos figuran en el lugar 20 de acuerdo a su nivel de ingresos, de entre 22 servicios públicos.
