Para el próximo martes comprometió el Ministerio de Educación entregar al Consejo de Rectores el valor del arancel regulado, instrumento clave para que las instituciones puedan determinar los dineros que cada universidad recibirá en caso de adherir a la gratuidad el 2016.
El jefe de la División de Educación Superior, indicó que cada plantel es libre de optar por el beneficio en caso de que haya un baja de sus presupuestos. Los rectores, en tanto, descartaron subir los aranceles de los demás estudiantes para cubrir un eventual déficits.
No bastó la reunión extraordinaria del Consejo de Rectores con el Ministerio de Educación, para que los planteles lograran disipar todas las dudas e incertidumbres que ha despertado la gratuidad 2016, para aquellas instituciones que son elegibles para el beneficio.
La principal incógnita que aún mantiene en el Consejo de Rectores, es saber cuánto serán los recursos que recibirá cada plantel en caso de adherir a la gratuidad, ya que aún no conocen el valor del arancel regulado, elemento clave para fijar los montos.
El vicepresidente ejecutivo del Cruch, Aldo Valle, indicó que nuevamente el Gobierno les reiteró que ninguna universidad vería mermado su presupuesto en caso de sumarse a la gratuidad y solicitaron al Mineduc conocer, a más tardar el próximo martes, los cálculos del arancel regulado.
Pese al compromiso del gobierno, hay varias instituciones que aún no saben qué nivel de déficits les podría dejar la gratuidad. Incluso, algunos ya dan por sentado que serán las propias instituciones las que deberán cubrir esa brecha, como lo detalló el rector de la Universidad de Concepción y presidente del G-9, Sergio Lavanchy.
El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, reiteró que tal como está hoy la glosa para adherir a la gratuidad, su plantel no accederá al beneficio, ya que si las instituciones deben suplir cualquier brecha esos recursos se tendrán que sacar de algún lado, poniendo riesgo la calidad de los planteles.
Pese a esta incógnita, el rector de la UCV, Claudio Elortegui, indicó que no se ha pensado traspasar este eventual déficits a los estudiantes, elevando los aranceles para ese grupo de alumnos que no están dentro de los cinco primeros deciles.
En la contraparte, el jefe de la División de Educación Superior, Francisco Martínez, no quiso clarificar si es que el gobierno hará un esfuerzo económico con aquellas instituciones que puedan ver afectados a la baja sus presupuestos, argumentando que los planteles son libres de adherir o no a la gratuidad, algo que deberán ponderar una vez que se conozca el arancel regulado.
Martínez descartó además que una vez conocido este factor de cálculo para la gratuidad, el Ministerio de Educación siga trabajando una salida para las instituciones que eventualmente sufran algún déficits, indicando que como cualquier ley, la discusión está centrada en el Congreso.
