Tras una investigación desarrollada por el Departamento V de Asuntos Internos de la PDI y la Fiscalía de San Antonio, nueve detectives fueron detenidos y un décimo se mantiene prófugo. Se les acusa por los ilícitos de robo con intimidación, hurto, infracción al artículo 22 de la ley orgánica de la PDI y obstrucción a la investigación y cohecho agravado.

La indagación llevó al retiro inmediato de los diez efectivos de la Policía de Investigaciones y tras conocerse los antecedentes fueron emanadas las ordenes de detención por parte del Juzgado de Garantía de San Antonio.

Dicha información fue confirmada por la propia PDI a través de un comunicado público, en el que se indica que el director general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa Valenzuela, señaló que se incurrieron en conductas inaceptables y contrarias a la doctrina institucional, transgrediendo los principios de probidad administrativa establecidos en la ley y en las normas consagradas en el Código de Ética de la PDI.

A su vez el alto oficial recalcó que no aceptará personal bajo su mando que se aparte de la ética y doctrina institucional, adoptando las más drásticas sanciones contempladas en la normativa vigente.

Los efectivos policiales pertenecen a la dotación de la Región Metropolitana y de San Antonio.

Cabe mencionar que esta investigación comenzó a gestarse en diciembre de 2014 y en el comunicado no se especifica si se trató de un sólo caso. Tampoco a que unidad en específico pertenecen los detenidos y cual es su grado dentro de la policía civil.

A su vez cabe consignar que durante el año pasado, otros 11 funcionarios fueron separados por aplicación de medidas disciplinarias, vinculadas a faltas a la probidad y conducta indebida.