Con firma quincenal y arraigo nacional quedó el ex gerente del grupo Cruzat, Iván Rojas Bravo, a quien se le imputan delitos tributarios en el Caso Penta, relacionados con el financiamiento irregular de campañas políticas. La Corte de Apelaciones decidió revocar el arresto domiciliario.
El abogado querellante en el caso, Mauricio Daza, consideró que era natural el fallo y lo deja tranquilos. A su juicio, las medidas cautelares no son un adelanto de la condena final y su objetivo no es obtener medidas preventivas durante la investigación.
El abogado apoyó los declaraciones que el fiscal Carlos Gajardo realizó en el diario El Mercurio, donde afirmó que hay personas que no están acostumbradas a que la ley se les aplique y sienten que están en una posición de privilegio.
Según Daza, existe un escepticismo general respecto de qué se puede llegar a penas efectivas en estos delitos, denominados de cuellos y corbata.
El vocero de Gobierno, Marcelo Díaz también se refirió a las declaraciones del fiscal Gajardo, asegurando que hoy prima la igualdad ante la ley y que espera que cada institución haga su trabajo y lo haga bien.
Además de lo anterior, el fiscal Gajardo anunció que si el próximo fiscal nacional no entrega continuidad a la investigación en los casos Penta y SQM, él evaluará su permanencia en el Ministerio Público.
