Culminó por esta jornada la formalización en contra de los 18 involucrados en el denominado caso Basura, entre ellos los alcaldes de Maipú y Cerro Navia, Christian Vittori y Luis Plaza.

La comunicación de cargos que lleva adelante la fiscal Solange Huerta de la Fiscalía Occidente continuará este martes en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago.

Cabe destacar que las defensas intentaron intentaron suspender la diligencia, pero el juez Juan Carlos Silva rechazó la solicitud e instruyó la continuación del trámite.

La fiscal Huerta desarrolló la formalización agrupando a los individuos según delito, y no de manera personal.

Uno de los primeros cargos comunicados fue el de asociación ilícita, mediante el que se argumenta que los involucrados actuaban como una organización para defraudar y tomar recursos fiscales.

Los otros considerados son los de cohecho, malversación de fondos públicos, fraude al fisco y lavado de dinero.

Antecedentes

De acuerdo a la carpeta investigativa, el Ministerio Público ha logrado establecer que en 2011 hubo una irregular forma de adjudicar –por parte de los acusados- a la empresa KDM las licitaciones para rellenos sanitarios

Por medio de los gerentes José Miguel Gutiérrez y Fernando León, habrían realizado pagos para cohechar a concejales de Maipú con el fin que votaran a favor de dicha empresa.

Las pesquisas dan cuenta también de presuntos actos de corrupción que afectaron a la comuna de Cerro Navia y su alcalde Luis Plaza.

En el 2010 la empresa Multiservicios Ingeniería y Construcción SPA se adjudicó el arriendo de vehículos municipales en Cerro Navia, lo cual fue duramente cuestionado por el reducido número de vehículos disponibles y porque constantemente se encontraban ocupados o en mal estado.

La defensa de Plaza, el abogado Alex Caroca, explicó que cuentan con una serie de antecedentes que permitirán demostrar -en estrado- que los hechos no se desencadenaron de la forma en que aparecen en la investigación fiscal.

Los antecedentes de los que habla el abogado de Plaza se utilizará en el desarrollo del proceso judicial.

El argumento que presentará, junto a otros abogados, se basa en que el pasado 25 de julio el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago ordenó que, en un plazo de 50 días, la Fiscalía debía hacer llegar a las defensas las escuchas telefónicas obtenidas en la investigación, por lo que no se podía ejecutar la formalización mientras no reciban los datos.

El argumento que presentó la Fiscalía Occidente, semanas atrás, para justificar la estrategia de no entregar la totalidad de los antecedentes a las defensas, se basa en resguardar la seguridad de algunos involucrados.

La persecutora Tania Mora explicó que había audios y capítulos de la carpeta investigativa bajo reserva, con tal de proteger a tres testigos que habrían recibido amenazas, tras declarar en la indagatoria.

Entre quienes estarían recibiendo amenazas por actuar como testigos, se encuentran los concejales por Cerro Navia Nicolás Camus, también Judith Rodríguez y la diputada del PPD Cristina GirardI, lo que se está investigando.

Sin embargo, querellantes en esta causa, como el abogado que representa a Joaquín Lavín, Carlos Ferlie, adelantaron que se opondrán a cualquier tipo de suspensión porque perjudica a las víctimas en esta causa, subrayando que los recursos tienen simplemente un fin dilatorio.

Este lunes vence el plazo para que las defensas se pronuncien respecto a la solicitud del Ministerio Público para declarar nula la resolución que entregó la semana pasada el juez Juan Carlos Silva que ordenó la rápida entrega de las escuchas telefónicas, generando fuertes alegatos judiciales entre las partes que debe resolver hoy el Tribunal de Garantía.