La Asociación Nacional de Magistrados defendió a la jueza de Talcahuano que dejó en libertad a los dos imputados por el robo en donde fue quemado vivo el cajero del Servipag, Pablo Ramírez. El presidente del gremio, Álvaro Flores, explicó que al ordenar la Corte de Apelaciones la prisión preventiva para uno de ellos, funcionó el sistema.

Las críticas no se hicieron esperar cuando la semana pasada la magistrada de Talcahuano, Mariangela Thiele, rechazó medidas cautelares para los dos hermanos formalizados por el ataque a un hombre que trabajaba en Servipag de Hualpén.

Los cuestionamientos aumentaron cuando después la Corte de Apelaciones de Concepción revocó la resolución y decretó la prisión preventiva para uno de los sospechosos, J.M.P. de 27 años.

Consultado al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Álvaro Flores, explicó las opuestas decisiones judiciales al haber aportado la Fiscalía nuevos antecedentes en su apelación.

Al igual que el Ministerio Público, la abogada de Servipag, Gisela Inostroza, querellante en el caso, estimó que la jueza Thiele exigió equivocadamente un nivel de prueba necesario para el juicio, pero no para la etapa de la formalización y de medidas cautelares.

La respuesta del presidente de los jueces discrepó de lo señalado por la abogada e insistió en la defensa de lo determinado en primera instancia.

Respecto del segundo imputado, el menor de edad I.M.P, de 17 años, éste se encuentra en internación provisoria, pero por el robo con intimidación en el que fue sorprendido al interior del mall Plaza El Trébol el fin de semana.

Sin embargo, este martes la Corte de Apelaciones penquista podría revisar el recurso presentado por el fiscal Julián Muñoz, pidiendo que también se ordene la prisión preventiva respecto del robo y homicidio frustrado del cajero Pablo Ramírez.