El ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, se refirió a la solicitud de un grupo de organizaciones de Derechos Humanos que exigió el cierre del penal de Punta Peuco, complejo penitenciario donde cumplen condena ex militares implicados en casos de atropellos durante la dictadura.
“Punta Peuco es una cárcel más y se rige por el mismo régimen penitenciario que las demás”, expresó el vocero, agregando que no está en condiciones de comunicar si el penal se puede cerrar o no.
Visión que discrepa con lo señalado por las agrupaciones que esta jornada entregaron un carta en el Palacio de La Moneda, en la que no sólo piden el cierre del recinto, sino que también la entrega de información por parte de los organismos implicados.
Lorena Pizarro, presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, puso el foco en la ausencia de justicia amparada en el silencio de los cómplices y la falta de voluntad política.
La vocera informó que en la misiva plantean 7 puntos que esperan que la presidenta Bachelet recoja. Entre ellos, destaca “el traslado de los genocidas condenados a la cárcel de alta seguridad ahora” y la orden, “como subalternas que lo son, a las Fueras Armadas y de Orden (para) la entrega inmediata de la nómina de los funcionarios activos o en retiro que participaron en los aparatos represivos de la dictadura.
