Los fiscales que investigan el caso Penta y su arista Soquimich comienzan con el estudio de los informes que elaboró el operador político del oficialismo, Giorgio Martelli, y que le permitieron recaudar 484 millones entre el 2012 y el 2013. Los persecutores deben evaluar si estos trabajos -y otros anteriores- son válidos o sólo sirvieron para encubrir el financiamiento ilegal a las campañas presidenciales de Eduardo Frei Ruiz Tagle y de la actual presidenta Michelle Bachelet.

Esta semana sí o sí el dueño la empresa Asesorías y Negocios SpA contará su verdad a los fiscales que investigan hechos de corrupción en la clase política nacional. Si bien su declaración indagatoria en calidad de inculpado estaba fijada la semana pasada, los antecedentes solicitados por su defensa y los aportados a los fiscales han retrasado la diligencia.

El viernes, uno de sus abogados, Cristián Arias, concurrió a la fiscalía a entregar copias de los estudios que habría realizado el profesional entre 2012 y 2013. Dichos informes fueron vendidos a Celulosa Arauco por $151 millones, y Copec por $57 millones, ambas ligadas al Grupo Angelini; a SGA (Sociedad de Gestión Ambiental), por $43 millones, vinculada a Jaime Solari, hermano de Ricardo, ex ministro y actual presidente del directorio de TVN; a SQM Salar, filial de SQM, por $223 millones, y a Compañía de Seguros POR, por cerca de $10 millones.

El viernes (día Sándwich) no estaba en la fiscalía ni el fiscal nacional Sabas Chahuán, ni Carlos Gajardo, por lo que el análisis de los antecedentes quedó para hoy y una vez que finalice se fijará el día del interrogatorio, que debe ser esta semana, según lo anunciado por el propio Chahuán.

El geógrafo no hará uso de su derecho a guardar silencio. Por esto los querellantes, como el abogado Mauricio Daza de la Fundación Ciudadano Inteligente, apuntan a identificar quienes recibieron el dinero.

Los fiscales apuntan sus indagatorias a precisar los trabajos que realizaron para Martelli personeros del oficialismo que estuvieron a cargo del proceso previo a la campaña de la actual presidenta Michelle Bahellet, como el ex ministro del interior Rodrigo Peñailillo y el ahora ex director del SII, Michel Jorratt.

Además en la investigación los fiscales pretenden aclarar los dichos de la contadora DC Clara Bensan, la que asegura haber emitido facturas para Soquimich sin realizar trabajos, y que el dinero estaba destinado a la campaña presidencial de Eduardo Frei de 2009.

En tanto, el diario La Tercera reveló que el gobierno envió los antecedentes -solicitados por el fiscal Gajardo- de las agendas de los ministros y subsecretarios de la administración Piñera: de Economía, Energía, Hacienda y Medio Ambiente, precisamente de Juan Andrés Fontaine, Pablo Longueira, Ricardo Raineri, Laurence Golborne, Fernando Echeverría, Rodrigo Álvarez, Felipe Larraín, María Ignacia Benítez, Hernán de Solminihac y Julio Dittborn.

Esta es una diligencia solicitada por el ex subsecretario de minería Pablo Wagner, actualmente formalizado por delito tributario y cohecho.