En el salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, la presidenta de la República, Michelle Bachelet, encabezó la firma de la reforma constitucional que otorga autonomía al Servicio Electoral, sin depender del Poder Ejecutivo.

El proyecto derivó de las conclusiones entregadas por el Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción que dirigió el economista Eduardo Engel y apunta a entregar diversas facultades, económicas y de fiscalización, al Servel.

A la ceremonia fueron invitados diversos actores políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, y la mandataria aseguró que éste es un “paso esencial en el camino de dotar de mayor legitimidad a nuestras instituciones ante los ojos de la ciudadanía”.

Con la autonomía del organismo, Bachelet aseguró que se permitirá que el Servicio Electoral “ejerza mayor libertad su papel como organizador de las elecciones, pero también pueda fiscalizar de mejor manera el funcionamiento de éstas”.

El Servel “contará con patrimonio propio, con las capacidades humanas y técnicas que necesita, además de las atribuciones necesarias para cumplir efectivamente con su labor y velar por el cumplimiento de las normas sobre la transparencia, límite y control del gasto electoral”, según manifestó la presidenta este martes.

Parte del proyecto de ley recoge las actividades de las cuales se encuentra a cargo el servicio, como el registro electoral y las candidaturas, la regularización de los recursos económicos y materialización de éstas, la recepción y clasificación de los sufragios, el registro de los resultados de dichas clasificaciones, así como también las observaciones electorales y, por cierto, el análisis post campaña.

Todo esto, añade el texto, es lo que se quiere profundizar con esta reforma constitucional que ha firmado la presidenta, y va a otorgar una batería de elementos al Servicio Electoral bajo autonomía.

“Con esto, se pretende poder realizar un mayor control al gasto electoral, junto con supervigilar y fiscalizar los procesos electorales”, según se puede leer del proyecto de reforma constitucional que será analizado por el Congreso durante las próximas semanas, en la línea de agenda de probidad que busca impulsar la jefa de Estado.

Tras la ceremonia, el ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, llamó a los parlamentarios a aprobar este proyecto “para hacernos cargo de la crisis de confianza que se ha expresado a nivel de los ciudadanos, pero también para que el resultado de esta agenda de probidad empiece a materializarse”.