Un millar de militares participa este lunes en el control de protestas antimineras en el sur del Perú, que desde su inicio hace 50 días han dejado tres muertos, además de heridos y daños, informaron las autoridades.

El sábado, el gobierno dispuso la intervención de las fuerzas armadas para apoyar a la policía en el resguardo del libre tránsito y la vigilancia de puntos estratégicos de la provincia de Islay, en la región de Arequipa, donde se realiza un paro en rechazo a la instalación del proyecto cuprífero Tía María.

El Ministerio del Interior dijo a la AFP que hay 1.000 efectivos del ejército que colaboran con la policía en la zona, lo que podría garantizar la reapertura de colegios, que han permanecido cerrados por las protestas. También se han despejado las vías tomadas.

“Toda las vías están despejadas, y en los lugares donde haya barricadas las retiraremos”, declaró a la emisora RPP el coronel Amador Bacaya Guadalupe, jefe policial destacado a la zona.

Los pobladores de esta zona fundamentalmente agrícola se oponen al proyecto de extracción de cobre a cargo de la empresa Southern Perú -filial de la mexicana Southern Copper, que supone una inversión de 1.400 millones de dólares- al considerar que puede dañar el medioambiente y su agricultura.

El presidente Ollanta Humala, un exteniente coronel del ejército, aprobó el sábado el envío de los militares a Islay en coincidencia con el deceso de un policía, que había sido herido gravemente a golpes de cadena por manifestantes radicales durante las protestas que la semana pasada alcanzaron matices vandálicos.

La muerte del oficial se sumó a la de otros dos civiles durante choques con la policía en los últimos días.

El millar de militares se sumó a los 3.000 policías apostados en la zona.

“No es una declaratoria de emergencia, la Policía sigue al mando y no se han suspendido los derechos fundamentales”, aclaró el Ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, quién sin embargo no descartó que se llegue a esos extremos si la violencia continúa.

Una declaratoria de emergencia implicaría que las Fuerzas Armadas tomen el control del lugar.

El gobierno ha garantizado que el proyecto minero no afectará el medioambiente. “No vamos a permitir una actividad que pueda dañar la agricultura”, declaró este lunes el ministro de Agricultura, Juan Manuel Benites.

La minería en Perú -segundo mayor productor mundial de cobre- es clave para el hoy débil crecimiento del país. 

Las protestas sociales se han intensificado a un año de las elecciones presidenciales. Según la Defensoría del Pueblo, de los 211 conflictos sociales contabilizados en Perú hasta marzo, el 67% son por motivos socioambientales.