Inquietud ha causado al interior de la Democracia Cristiana la publicación respecto de la empresa “Ventus Consulting” perteneciente a los hijos del senador y presidente electo de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, con 11 facturas emitidas a Soquimich por un total de 45 millones de pesos.

En algunos sectores de la falange han surgido ya cuestionamientos a la situación que denunció el Servicio de Impuestos Internos, es así como la lista de Ricardo Hormazábal que competía por la presidencia de la DC, solicitará al Tribunal Supremo de la colectividad que suspenda la militancia de quienes resulten involucrados mientras no se aclare su situación.

El ex candidato a la presidencia de la Democracia Cristiana, Ricardo Hormazábal, aseguró que los actos corresponden ser investigados por el Tribunal del partido, dada la gravedad ética que existe al respecto.

En esa misma línea el diputado de DC, René Saffirio, señaló que se debe aplazar todo el tiempo que sea necesario la toma de posesión por parte del presidente electo de la falange Jorge Pizarro.

Desde la mesa directiva que acompañará al senador Jorge Pizarro, uno de sus integrantes el actual vicepresidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, aseguró que esperará primero reunirse con la nueva mesa para luego entregar su oponión publica al respecto.

Cabe recordar que el presidente electo de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, aclaró que existe un contrato de por medio para las prestaciones de servicios personales, firmado por ambas partes, con facturas emitidas legalmente y que no recibió aporte alguno de estos dineros para su campaña.

Responsabilidad ética no resuelta

En tanto, este lunes un grupo de militantes de la Democracia Cristiana entregará un oficio al Tribunal Supremo, con la finalidad de que éste se pronuncie respecto a la situación de los integrantes del partido vinculados a una denuncia del Servicio de Impuestos Internos en el caso SQM.

Según consigna La Tercera, en la declaración pública emitida por el grupo de militantes, dirigidos por Hormazábal, se señala que en la ocasión pedirán “que se tomen las medidas de resguardo suficientes para que los militantes, de cualquier grupo o lista, no puedan asumir o ejercer cargos de responsabilidad mientras su responsabilidad ética no quede resuelta”.

A esto agrega que “si realmente el trabajo se ejecutó, me parece que las explicaciones de Pizarro han sido muy insuficientes, porque todas las personas dicen que son contratos ejecutados. Nada novedoso. Hay que ir al fondo: si SQM señala que todas las facturas o boletas son operaciones que no se hicieron, tenemos que discutirlo todo”.