La condena por espionaje contra dos altos exfuncionarios del gobierno de Álvaro Uribe puso al popular exmandatario y actual senador en aprietos en Colombia, donde expertos aseguran que está latente la posibilidad de que se abra un proceso judicial en su contra.

El viernes, la Corte Suprema de Justicia encontró culpables de espionaje a la exjefa de los servicios de inteligencia María del Pilar Hurtado y a Bernardo Moreno, exsecretario general de la Presidencia durante el gobierno de Uribe (2002-2010).

Uribe dijo este sábado en Twitter estar “dolido” por el fallo, pero informó que no hablará del mismo hasta el martes, cuando por voluntad propia declarará en el máximo tribunal sobre otro caso que lo salpica: el del hacker Andrés Sepúlveda, acusado de espiar a los negociadores en los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC y quien trabajó en 2014 para la campaña del candidato presidencial uribista Óscar Iván Zuluaga.

Para el politólogo Sebastián Líppez, de la Universidad Javeriana, tras la condena de Hurtado y Moreno por espiar a magistrados, periodistas y opositores del gobierno de Uribe “todo apunta a la complicidad del propio expresidente”.

“Sería casi impensable que Uribe desconociera esas actividades. Esa visión no podría ser menos que ingenua (…) Sin embargo, él seguirá tratando de justificar estas acciones en el marco de la seguridad nacional”, dijo Líppez a la AFP.

Las interceptaciones ilegales fueron ejecutadas desde el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), del que Hurtado fue directora y que dependía de la Presidencia. Pero Uribe ha negado reiteradamente que él o sus funcionarios hayan ordenado acciones ilegales.

Hurtado y Moreno esperan que la Corte anuncie el jueves los términos de sus sentencias, que pueden implicar hasta 18 años de prisión, y mientras tanto la atención se centra en si alguno hará un pacto con la justicia para reducir su condena.

“Es casi inevitable que a Uribe le abran una investigación penal, sobre todo si está claro que se adelantaron labores ilícitas, porque es obvio que alguien dio la orden y no fue el secretario Moreno ni la directora del DAS”, dijo a la AFP el politólogo Jairo Libreros.

“Pero la situación para Uribe va a ser más grave si Hurtado decide solicitar una rebaja de pena a cambio de información, porque si alguien sabe quién dio las órdenes es ella y (…) esas personas solamente se pueden encontrar en (la presidencial) Casa de Nariño bajo la administración de Uribe”, añadió.

“Rodeado de criminales” 

Víctimas del espionaje, como el senador izquierdista Iván Cepeda, arremetieron este sábado contra Uribe y aseguraron que ahora más que nunca todo apunta a que el expresidente es responsable de los seguimientos ilegales.

“Alguien del entorno más cercano del expresidente, su secretario general de la Presidencia, aparece involucrado en esta nueva decisión judicial y aquí la radiografía que comienza a configurarse es alarmante (…) Uribe estaba rodeado de criminales”, aseguró Cepeda a la emisora W Radio.

El DAS fue disuelto en 2011 por el presidente Juan Manuel Santos, tras varios escándalos, y otros miembros de ese organismo durante el gobierno de Uribe ya han sido condenados por este caso de espionaje.

Pero aunque todo parece estar en su contra, Uribe, quien cerró su segundo mandato en 2010 con una popularidad superior al 70% y fue electo senador en 2014, parece estar lejos de perder influencia en el panorama político colombiano.

“La figura de Uribe es muy respetada, tiene unos seguidores que en ningún caso, por difícil que sea su situación jurídica, lo van a abandonar y es una población electoralmente activa superior al 40%”, explicó Libreros.

“En esa medida, un potencial juicio a Uribe provocaría una fractura como nunca antes la han vivido los colombianos en términos políticos, pero no sacaría al expresidente del juego”, añadió.

Uribe es indudable protagonista de la actual polarización política en Colombia, como principal opositor al gobierno de Santos y férreo detractor de los diálogos de paz que se desarrollan en Cuba con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para poner fin al conflicto armado que ha azotado al país por más de medio siglo.