La presidenta Michelle Bachelet firmó la jornada de este viernes, el proyecto de ley que sanciona con penas efectivas los delitos de alta connotación social.
Durante la firma del proyecto, enmarcado la llamada agenda corta de seguridad, la mandataria estuvo acompañada por el ministro de Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Peñailillo, y los titulares de Justicia, José Antonio Gómez, y Hacienda, Alberto Arenas.
El proyecto de ley consiste en un paquete de medidas, que busca sancionar con penas efectivas los delitos de alta connotación social, siendo aquellos que causan en sus víctimas una sensación de impunidad frente a los delincuentes.
La mandataria señaló que esta forma se combatirán los delitos más comunes, como lanzasos, asalto, robos con armas a viviendas, transporte público y locales comerciales, agregando que se trata de una modificación al código penal y otras normas para asegurar que los autores de estos delitos cumplan las sanciones que corresponden, es decir que el caso de que se compruebe el delito los jueces apliquen las penas correspondientes sin atenuantes.
De todas formas la Jefa de Estado agregó que también “es necesario establecer una clara distinción entre quienes cometen un error en sus vidas y caen en la criminalidad una vez y quienes hacen de este error un modo de vida. No vamos a tolerar más estas verdaderas carreras criminales. Por eso este proyecto restringe las penas alternativas a la cárcel para los reincidentes”.
Por lo anterior que quienes cometan robo por primera vez, deberán cumplir al menos un año de presidio efectivo antes de que se consideren atenuantes, al igual que aquellas personas que sean declaradas culpables por robo con violencia la primera vez.
Mientras que en el caso quienes reincidan en robos violentos contra las persona, deberán cumplir penas sobre los 7 años de presidio efectivo, sin derecho a beneficios.
De acuerdo a lo indicando desde el Gobierno, el proyecto de Ley está orientado a poner un cierre de la “puerta giratoria”, logrando una acción policial más eficaz, con los objetivos de revertir la tendencia al alza de la victimización, reducir los delitos violentos en la vía pública y aumentar las detenciones.
Bachelet también anunció que este proyecto refuerza las atribuciones de las policías para investigar y entregar pruebas a los tribunales y fiscales para perseverar en las causas hasta encontrar y condenar a los delincuentes.
