El Tribunal Constitucional, en fallo dividido, rechazó el requerimiento de la UDI que pretendía impugnar el proyecto de ley del gobierno que crea el Administrador Provisional de la Educación Superior.

El presidente de la instancia, Carlos Carmona, tuvo que dirimir el empate que se produjo entre los diez integrantes de esta magistratura que se pronunciaron por primera vez frente a una las iniciativas del ejecutivo para reformar la educación.

En un fallo de 215 páginas se rechazó el requerimiento presentado el 24 de octubre pasado por 20 diputados de oposición contra la figura que crea un interventor para universidades e institutos profesionales y técnicos que sufran algún tipo de crisis, que ponga en cuestión su continuidad y el futuro de sus alumnos.

El escrito desechado esgrimía 11 cuestionamientos al Administrador Provisional, entre ellos, que esta figura vulnera los derechos de propiedad, de autonomía y libertad de la enseñanza y se concluía que sus atribuciones serán ilimitadas.

“Se resguardan, simultáneamente, el proyecto educativo de una institución en crisis y los derechos de los estudiantes a poder obtener el reconocimiento y titulación respectiva” dice el resumen del fallo de mayoría.

Además, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre los derechos de los estudiantes. “Cuando un proyecto universitario cae en crisis por deficiencias administrativas y financieras que vulneran la ley y sus estatutos, es toda la sociedad la afectada. Los estudiantes tienen derecho a recibir una educación en todos los niveles”, esboza.

A ello agrega que “la titulación es la puerta de entrada a las oportunidades que la Constitución garantiza para el propio perfeccionamiento educacional en niveles superiores, para acceder al mundo del trabajo, para ingresar a la administración pública, para incorporarse a la economía del país y para integrar colegios profesionales que velen por la ética adquirida en el proceso educativo”.