La defensa de Hugo Bravo recurrió al Tribunal Constitucional para impugnar la demanda que presentaron los dueños del grupo Penta por el cobro de un cheque de 45 millones de pesos.

Se trata de un requerimiento de inaplicabilidad (Rol 2746-2014) por presunta vulneración de artículo 19 número 3 de la Constitución, es decir, el derecho de igualdad ante la ley y de una legítima defensa.

La demanda de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín contra su ex gerente general, por giro doloso de cheque, se presentó el 30 de octubre, en el Octavo Juzgado Civil de Santiago.

Los abogados de Bravo describen que en la acción civil se definió el domicilio de la empresa Penta III como el de su cliente, en circunstancias que ya había sido desvinculado de la compañía, precisamente el 29 de julio de este año.

Por lo anterior, los juristas Anderson Weldt y Gonzalo Raggio, en el requerimiento, aseguran que Bravo desconocía la demanda. Señalan que en noviembre se enteraron por la prensa.

También destacan que presentaron un recurso de nulidad ante el octavo juzgado civil, el que hasta ahora no ha sido resuelto, sin embargo apuntan que el tribunal dio curso a la notificación de un procedimiento de embargo de los bienes de Bravo, el 10 de noviembre pasado.

El martes de la próxima semana, la segunda sala del Tribunal Constitucional resolverá si admite a trámite el requerimiento y, de paso, si paraliza la demanda civil de Délano y Lavín contra su ex gerente.