La resolución del caso Matute ha tropezado con algo más que falta de pruebas, evidencias o testimonios. Lo cubre un hecho excepcional: fue investigado por las dos policías, cada una de las cuales llegó a un resultado distinto, tan diferentes que necesariamente implica que una de ellas está totalmente equivocada, producto de procedimientos incompetentes o derechamente por una inquietante sospecha de corrupción o tráfico de influencias. Así de brutal y directo.
Hay que reconocer, eso sí, que los equipos investigadores se vieron enfrentados a un escenario incomprensiblemente difícil, plagado de pistas falsas, supuestamente contaminado por la influencia de poderes fácticos, mafias ligadas al narcotráfico o personas con peso económico o político.
Porque, en el fondo, ¿qué puede ser tan importante de ocultar en un caso de presunto homicidio? Presunto, porque sin causa de muerte definida, no se puede establecer de qué murió el joven estudiante de Ingeniería Forestal de la Universidad de Concepción. Y si no está científicamente comprobado que fue asesinado, cualquier defensor de un eventual procesado podrá decir, incluso, que murió atropellado o que cayó accidentalmente.
Precisamente por estos días la ministra Carola Rivas, el cuarto juez que ve el caso, revisará el crucial informe del Servicio Médico Legal, tras la exhumación de los restos cumplida el 24 de enero de este año y luego de la reapertura decretada el 10 noviembre del año pasado, por el entonces ministro a cargo, Jaime Solís.
Por si fuera poco, la forzada salida de la investigación del ministro Solís, en julio de este año, obedeció a otro capítulo increíble, luego que su yerno, Farid Harum, resultó ser un testigo importante del enigmático suceso. ¿Lo desconocía el ministro? Otro elemento que eleva el caso a un nivel de suprema intriga.
Archivo | Agencia UNO
En virtud de las secretas diligencias de la ministra, es posible que en estos precisos momentos el emblemático suceso viva horas decisivas, aquellas que todos esperan entreguen resultados concretos definitivamente.
Pero a fines de 1999 e inicios del año 2000, luego de la enorme conmoción pública causada por la desaparición de Coke, las policías se vieron obligadas a tomar una decisión algo bochornosa: enviar equipos investigativos de Santiago para realizar las pesquisas, debido a la creciente sospecha de participación de efectivos en los hechos, tanto de la PDI como de Carabineros, frecuentes clientes de la discoteca “La Cucaracha”, ubicada camino al aeropuerto penquista, donde se emplaza un gimnasio en la actualidad.
Tesis de Carabineros
Una vez denunciada la desaparición de Jorge Matute Johns, Carabineros abordó la investigación a través del mayor (r) Henry Pincheira, pero el 5 de junio del año 2000, fue designado el mayor Andrés Ovalle.
Andrés Ovalle | Agencia UNO
El oficial arribó a la siguiente conclusión: a las 4:30 de la madrugada del sábado 20 de noviembre de 1999, el joven universitario es protagonista de una discusión generada en el interior de la infame discoteca “La Cucaracha”, en la que es golpeado por un guardia apodado “El Oso”, aparentemente por coquetear con Carmen Sereño, cajera del recinto y pareja del dueño del local.
Jorge Matute es llevado malherido hasta el subterráneo y después trasladado, aún con vida, hasta un lugar desconocido, trayecto en el cual falleció producto de la golpiza.
La cruelmente exitosa forma de sacar el cuerpo sin ser visto por los más de 500 asistentes a la discoteca, obedeció -según Ovalle- al apoyo prestado al propietario del ilegal recinto, el médico y arquitecto Bruno Betanzo, por una red de protección de traficantes compuesta, entre otros, por carabineros de Coronel, quienes trabajaban para un traficante conocido como el “Mañungo” (Manuel Hernández).
Para Ovalle, la muerte fue circunstancial, no planificada, y en el recinto, demolido el 5 de abril del año 2002, se desarrollaba una fiesta “techno”. Había sido arrendado también por el Colegio de Abogados y se realizó un acto de cierre de Expo Corma, por lo que estaban presentes algunos empresarios y personas de alguna connotación económica, además del público frecuente, como jóvenes y desconocidos de dudosa reputación.
El investigador acusa hasta el día de hoy que altos mandos de su propia institución boicotearon su investigación, con la prueba de sangre enviada al FBI adulterada, tras romper injustificadamente la cadena de custodia; y luego, marginándolo artéramente a él de Carabineros, todo lo cual plasmó en su libro “Enfermos de cobardía, testigo y protagonista de una investigación”.
Víctima de un complot o no, lo cierto es que la credibilidad del mayor (r) Ovalle quedó seriamente cuestionada tras comprobarse que la maqueta de “La Cucaracha” que presentó ante la jueza Flora Sepúlveda para exponer su teoría, se la habían financiado y elaborado las familias de los siete jóvenes acusados por la Policía de Investigaciones.
Tesis de la PDI
La policía civil envió al comisario de la Brigada de Homicidios, Héctor Arenas, quien reportaba sus avances directamente a su superior de Santiago y no al jefe de Concepción, en una clara muestra de las sospechas a todo nivel que despertó la desaparición de Jorge Matute Johns, de 23 años.
Héctor Arenas | Agencia UNO
Arenas llegó con un equipo propio a la zona, compuesto por 8 personas, y concluyó que el joven domiciliado en Villa Spring Hill, de la comuna de San Pedro de La Paz, fue víctima de una golpiza propinada en el estacionamiento de “La Cucaracha”, por parte de siete jóvenes, de entre 17 y 19 años, quienes fueron procesados por obstrucción a la justicia.
Dichos acusados pasaron algunos días en prisión, pero finalmente fueron absueltos debido a que el delito impugnado dejó de existir al instaurarse la Reforma Procesal Penal, que lo modificó por obstrucción a la investigación.
Según esa línea procesal, Matute Johns entraba y salía del recinto nocturno, ya que en el auto en que se movilizaba llevaba alcohol, con lo cual se ahorraba el consumo en el local, al que concurrió con su amigo Gerardo Roa (que se cambió de nombre y trabaja en Santiago) y las hermanas María José y María Paz Maldonado.
Entre las 3:30 y 4:30 de la madrugada el universitario se enfrasca en una áspera discusión con los jóvenes liderados por Óscar Araos, por un supuesto rayado realizado al auto de ellos, y del que responsabilizaron a “Coke”.
La golpiza dio paso a las maniobras por ocultar el cuerpo, ya sin vida, en un lugar lejano, que según estas pesquisas, por el tiempo en que fueron dejados de ver los del grupo, coincide con aquel en que finalmente fueron hallados los restos, el 12 de febrero de 2004, en el kilómetro 22,6 de la Ruta de la Madera, hacia la comuna de Santa Juana.
El descubrimiento resultó absolutamente accidental. Uno de los trabajadores de la empresa contratista CDR, que desmalezaban la ribera del río Bío Bío, bajó a orinar encontrando primero el cráneo. No dieron inmediato aviso a las policías, sino que un matrimonio vecino del sector, dominado por parcelas, estimó conveniente contactar a Carabineros debido a la falta de criterio y respeto con que los obreros trataban las osamentas, ya que usaban el cráneo para asustar a los automovilistas. Una barbaridad.
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Las conclusiones del comisario Arenas desembocaron en la detención de Araos y sus amigos, Federico Homper, Cristian Herrera, Jaime Rojas, Jorge Bañados, José Ignacio del Río y Carlos Alarcón. El arresto se cumplió el 1 de enero del año 2001 siendo procesados por secuestro y obstrucción a la justicia cuatro días después, pero por el motivo ya señalado recuperaron la libertad apenas una semana más tarde, el 12 de enero.
Reflexiones
Aunque las conclusiones de las policías incriminan a personas diferentes, por lo menos coinciden en que el origen del incidente que terminó con la vida de “Coke” ocurrió en zonas relativamente cercanas, dentro o fuera de la discoteca.
Lo que llama la atención es la ausencia de testigos claves, porque en cualquiera de los casos y con la cantidad de público presente en “La Cucaracha” esa noche, no se explica cómo nadie vio algo extraño, porque una complicidad de centenares de personas en un pacto de silencio múltiple es altamente improbable, casi absurdo.
También cabe la posibilidad que a la hora en que ocurrieron los hechos, la mayoría de las personas se encontrara bajo los efectos del alcohol, por lo que efectivamente podrían no recordar absolutamente nada.
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Las prebendas de las que gozaba Bruno Betanzo, además, son inaceptables, ya que nadie fiscalizaba el recinto, que luego se supo carecía de permiso, patente o autorización sanitaria para funcionar.
Aunque la causa de muerte de Jorge Matute Johns es indeterminada, un examen practicado por la perito Isabel Reveco, a petición del Consejo de Defensa del Estado, pero desacreditado luego por el Servicio Médico Legal, señaló que el joven murió debido a golpes sufridos en el cráneo, tórax y abdomen.
