La delegación de paz de las FARC dijo este martes en La Habana que hasta ahora carece de información precisa sobre el paradero del general Rubén Alzate y otras dos personas que según el gobierno de Juan Manuel Santos fueron secuestradas por esa guerrilla en Colombia.
“Aún no tenemos información en concreto sobre el tema que les preocupa a muchos y que ha sido el factor para que el presidente haya tomado esa decisión unilateral de suspender los diálogos”, dijo a la prensa el comandante guerrillero Pastor Alape, al subrayar su deseo de que se reanuden pronto para llegar a un “acuerdo final”.
“En dos horas daremos una información de acuerdo a la información que nos llegue”, añadió, y dijo que de confirmarse que el general está en poder de la guerrilla habría que buscar un “mecanismo” en Colombia para resolver el caso.
“Lo que pase en Colombia hay que resolverlo en Colombia necesariamente. Si se llegara a confirmar la información (de que las FARC capturaron al general y sus acompañantes) habría que buscar un mecanismo para que allá, en Colombia, se resuelva. Lo que de pronto podría la mesa (de diálogo de La Habana) hacer es facilitarlo”, añadió Alape.
El presidente Santos exigió el lunes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) la liberación del general secuestrado el domingo como prueba de su voluntad de alcanzar la paz, en la peor crisis que vive el proceso iniciado el 19 de noviembre de 2012, a la vez que retuvo a los negociadores oficiales en Bogotá.
“El compromiso de las FARC está puesto a prueba. De su decisión depende seguir avanzando hacia el fin del conflicto y la reconciliación”, dijo el mandatario colombiano en cadena nacional.
“Queremos que este impasse sea resuelto lo antes posible para que el proceso siga avanzando sin sobresaltos hasta un acuerdo final”, afirmó Alape, quien destacó que el gobierno “ha negado tozudamente la posibilidad de que el proceso de paz se desenvuelva en medio de una tregua o armisticio”.
El secuestro ha puesto en riesgo el proceso de paz en vísperas de que se cumplan dos años de negociaciones, durante las cuales las FARC y el gobierno han consensuado tres de los seis puntos de una agenda destinada a acabar un conflicto armado de medio siglo, que ha dejado 220.000 muertos y 5,3 millones de desplazados.
