El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el 20 de enero a las 09:00 horas, la audiencia para formalizar al ejecutivo de las empresas Cascadas, Aldo Motta, y a la abogada de estas compañías ligadas a Soquimich, Claudia Morales, por el delito de entrega de información falsa a la Superintendencia de Valores.
La investigación está a cargo del fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, José Morales, que indaga la presunta adulteración de las reuniones de directorio de dos de estas empresas, Oro Blanco y Pampa Calichera, para dificultar la actividad fiscalizadora de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
Motta, gerente general de Norte Grande, fue multado en octubre por la SVS en unos US$ 25 millones, tras constatar una serie de infracciones a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley de Sociedades Anónimas por actuaciones y operaciones que tuvieron lugar en el año 2010 -a partir de septiembre- y durante el año 2011.
Las sanciones afectaron además al controlador de Soquimich, Julio Ponce Lerou, con 70 millones de dólares, además de otros seis ejecutivos.
Los documentos presuntamente adulterados hacen referencias a reuniones que sostuvieron los ejecutivos en las que se habría tratado la “Operación Linzor”, una de las transacciones que fueron cuestionadas por la SVS.
