Sin acuerdo terminó la reunión que sostuvieron los senadores de la Nueva Mayoría con el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, donde se analizaron las indicaciones que presentará el gobierno respecto del proyecto de fin al lucro, el copago y la selección en la educación.

Cerca de casi 3 horas estuvieron reunidos los parlamentarios y el ministro discutiendo una de las propuestas que decía relación con sancionar administrativamente a quienes lucren en la educación escolar versus la alternativa de cárcel como penalidad respecto al lucro.

El senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, señaló que lo que se busca es homologar las mismas responsabilidades que tienen los alcaldes que administran colegios, respecto de los otros sostenedores. “Lo que estamos planteando es igualar la cancha entre los alcaldes que son sostenedores públicos y los sostenedores privados, dijo.

Además, Lagos Weber agregó que “creo que vamos a llegar a buen puerto en el sentido de que tiene que haber una sanción clara desde el punto de vista del incentivo para no mal utilizar recursos. Aquí no es la caricatura de cárcel por lucro, es penalización para el mal uso del recurso público“, concluyó.

En tanto, el senador PS, Carlos Montes explicó las diferencias sobre la medida: “La Democracia Cristiana planteó que no estaba de acuerdo con que la sanción fuera de carácter penal y se propuso por los técnicos una sanción que era básicamente administrativa”.

“Nosotros lo analizamos y nos pareció que no era suficiente, eso llevó a que ahora viéramos que había que tener una fórmula más amplia, porque hay cuestiones administrativas, pero hay delitos también“, afirmó el senador PS.

Por su parte, el presidente de la Democracia Cristiana y senador, Ignacio Walker, indicó que nunca estuvo en peligro la mesa de negociaciones, respecto a que ha sido la DC el partido que se ha opuesto a que se penalice con cárcel el tema del lucro, “esto no es un gallito entre unos y otros, estamos tratando de buscar un terreno común. Lo único que quiero transmitir es una señal de confianza y tranquilidad a las comunidades educativas“.

La ministra Secretaria General de la Presidencia, Ximena Rincón, puso en la mesa una nueva propuesta que abarca 3 ámbitos, que sean sanciones administrativas, civiles y penales contra quienes finalmente lucren con los recursos de la educación.

El gobierno quiere lograr un amplio acuerdo con todos los sectores que conforman el oficialismo y para ello, tiene un plazo hasta el 2 enero, última fecha en la que se pueden entregar las indicaciones al proyecto antes de que sea votado. El objetivo de este acuerdo, es que los diferentes puntos del proyecto que pone fin al lucro, el copago y la selección sean aprobados en su mayoría.