Argentina se apresta a depositar este martes en Buenos Aires 200 millones de dólares para cumplir con un nuevo vencimiento de pago con acreedores que aceptaron el canje de deuda, en desafío a la justicia de Estados Unidos que considera ilegal esta estrategia.

El juez federal estadounidense Thomas Griesa declaró el lunes a Argentina en “desacato” por tomar “pasos ilegales” para eludir la sentencia en su contra en el juicio contra fondos especulativos, aunque sin imponer sanciones a Buenos Aires por ahora.

La decisión del juez fue calificada por el gobierno argentino de “violatoria del derecho internacional”, según un comunicado difundido por la cancillería en Buenos Aires.

“El tribunal sostiene que la República de Argentina está en desacato civil”, señaló Griesa al final de una audiencia celebrada en los tribunales del sur de Manhattan, al dar respuesta a un pedido efectuado a tal efecto por los fondos.

En un claro desafío a la orden del juez neoyorquino, Argentina “hará el depósito en (el banco) Nación Fideicomiso” el martes, dijo a la AFP un vocero del Banco Central en calidad de anonimato.

El gobierno concretará así la apertura de una ventanilla de pago en la capital argentina, tal como lo establece una ley aprobada recientemente por el Congreso que busca esquivar el bloqueo de fondos dispuesto por el juez Griesa en una cuenta de un banco de Nueva York.

El juez Griesa mantiene bloqueado en el Bank of New York (BoNY) un depósito de 539 millones de dólares que efectuó Argentina para pagar a tenedores de bonos reestructurados bajo legislación estadounidense, medida con la que el juez busca hacer cumplir su fallo que establece un ‘pari passu’ (tratamiento equitativo) entre todos los acreedores.

Esta situación llevó a Argentina a un default parcial sobre su deuda el pasado 30 de julio.

Se ignora si los bonistas accederán al cobro en la nueva ventanilla, pedirán cobrar en Francia tal como lo contempla la nueva norma o si exigirán que se les pague en otra plaza financiera.

DESACATO “SIN EFECTO PRÁCTICO”

Griesa justificó su decisión de declarar al país en desacato en los “pasos ilegales propuestos” por el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner para evitar el pago de la sentencia por 1.330 millones de dólares en su contra por bonos en default desde 2001.

Los fondos NML Capital y Aurelius, calificados como “buitres” por Argentina, habían efectuado el pedido por escrito el miércoles pasado sosteniendo que el país “ha violado de manera repetida y descarada las órdenes del tribunal, dejando claro de manera abundante que no tiene respeto por esas órdenes, el tribunal o el sistema judicial de Estados Unidos”.

Antes de la audiencia del lunes ante Griesa, la embajada de Argentina en Washington advirtió al secretario de Estado, John Kerry, que Estados Unidos sería legalmente responsable de una eventual declaración judicial de desacato contra el país sudamericano.

Tal decisión “constituiría una ilegítima injerencia en los asuntos internos del Estado argentino, que comprometería la responsabilidad de Estados Unidos”, escribió la embajadora Cecilia Nahón a Kerry.

Con la decisión consumada, la cancillería afirmó que la decisión de Griesa es “violatoria del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la Organización de los Estados Americanos”.

“No tiene ningún efecto práctico salvo proveer de nuevos elementos que sirvan a la difamante campaña política y mediática llevada adelante por los fondos buitre contra la Argentina”, agregó el texto, asegurando que Griesa “ostenta el triste récord de ser el primer juez que declara un desacato contra un Estado Soberano por pagar una deuda”.

En su defensa por escrito ante Griesa, los abogados de Argentina advirtieron que “ninguna corte de Estados Unidos jamás consideró que un Estado soberano extranjero pueda ser considerado en desacato”.

En Nueva York, el abogado Carmine Boccuzzi agregó que al aceptar el pedido de los fondos, Griesa solo iba a “empeorar las cosas”.

El juez Griesa mantiene bloqueado el pago a los bonistas que aceptaron las reestructuraciones de 2005 y 2010, a las que se plegó el 93% de los tenedores de títulos en default aceptando quitas de hasta 70% del valor nominal.