La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, promulgó este viernes una profunda reforma tributaria, una de las medidas más emblemáticas de su gobierno, mediante la cual pretende recaudar 8.300 millones de dólares anuales para financiar una reforma educativa y gastos sociales.

“Hoy es un día histórico”, dijo la Jefa de Estado en la presentación, añadiendo que la reforma “entrega una nueva señal de certidumbre y reglas claras a los agentes económicos. Con ello están dadas todas las condiciones para que nos pongamos manos a la obra y juntos retomemos la senda de mayor crecimiento”, señaló.

“La reforma tributaria recaudará alrededor de 8.300 millones cada año, con lo que aseguraremos financiamiento permanente para aquellas transformaciones comprometidas en áreas como educación, salud y protección social”, anunció Bachelet.

En ese sentido, la mandataria aseveró que con esta promulgación se está cumpliendo un compromiso de campaña, indicando que esta reforma “nos permitirá cumplir con el compromiso de gratuidad en la educación superior”.

Recordemos que más de la mitad de lo recaudado por esta reforma será utilizado para la financiación de la Reforma Educacional, una de las medidas programáticas importantes del gobierno de Bachelet, actualmente en debate en el Congreso, mediante la cual se pretende impulsar la gratuidad y mejorar la calidad en la educación escolar y universitaria.

Además, la jefa de Estado abordó el escenario económico de desaceleración que vive nuestro país, sentenciando que “hemos tomado los resguardos para que la reforma vaya de la mano con la recuperación económica”.

La reforma fue aprobada el 10 de septiembre pasado en el Congreso. El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, destacó en la ocasión que la reforma tributaria permitirá incorporar en la Ley de Presupuestos 2015 recursos adicionales por al menos US$ 2.300 millones.

El gobierno busca recaudar 8.300 millones de dólares, parte de los cuales servirán para financiar una reforma para mejorar la educación.

Sin embargo, la economía chilena pasa por una desaceleración que, sumada a las críticas de la oposición de derecha y del empresariado al proyecto original, llevó a Bachelet a negociar una serie de modificaciones al texto durante su debate en el Congreso con los partidos de oposición.

La reforma incluye el aumento de los impuestos a las grandes empresas, de un 20% a un 27%.

Además, se obligará a los dueños de estas empresas a tributar por la totalidad de las utilidades de sus compañías y no sólo sobre las que retiran, como ocurría hasta ahora mediante el Fondo de Utilidades Tributables (FUT) que desaparecerá a partir del 2018.

De un proyecto de ley que proponía un sistema único y progresivo, pero que adolecía de falta de incentivos a la inversión, se pasó a otro con la misma meta de recaudación, pero que según varios expertos, es más complejo y con más vacíos que podrían permitir la evasión.