Este martes se desarrolló la audiencia de formalización contra un estudiante de Kinesiología del Instituto Santo Tomás de Osorno, quien sería el presunto autor de la violación de una joven de 19 años, ocurrida la mañana del domingo.

En la instancia, el imputado estuvo acompañado de familiares y amigos, mientras que la fiscal jefe de la ciudad, María Angélica de Miguel, leyó por cerca de 45 minutos cada una de las declaraciones obtenidas de quienes estaban presentes en el departamento donde supuestamente ocurrió el ataque sexual.

Posteriormente, De Miguel leyó el resultado de los exámenes practicados a la víctima en el Servicio Médico Legal, el cual arrojó que efectivamente ésta presenta diversas lesiones en sus genitales provocados por un elemento o agresión sexual.

Por todo lo anterior, la fiscal solicitó al magistrado que joven permanezca en prisión preventiva mientras dure la investigación, dado que se consideraría un peligro para la sociedad y la integridad de la propia víctima, sumado a las elevadas penas que en abstracto arriesga.

Para la audiencia, la familia del imputado contrató un abogado particular para que lo representara, por lo que en la oportunidad Luis Orlando Reyen dijo que su defendido no desconoce que él haya compartido con la joven, o que haya dormido en la misma cama, sino que debido a la ingesta de alcohol no recuerda lo que hizo.

El magistrado Alex Franke finalmente determinó acoger la petición del Ministerio Público relativo a la prisión preventiva, al considerar al imputado un peligro para la sociedad, más aun considerando que las penas que arriesga por el delito de violación parten en los 5 años y 1 día a los 10 años.

Al ser consultado por qué se oponía a la prisión preventiva, Reyes manifestó que desde su punto de vista la libertad del imputado no constituye un riesgo, dado que nunca huyó del lugar sino que fue echado por los amigos, colaborando en todo minuto con la información, por lo que analizan solicitar una nueva audiencia para debatir la medida cautelar y en lo posible obtener una medida alternativa.

A partir de hoy, son tres meses los dispuestos para la investigación formal, no descartándose que alguna de las partes intervinientes eleve la petición de ampliarla, dadas las diligencias que pueden requerirse.