La defensa del diputado Cristián Campos, formalizado hace una semana por la obtención fraudulenta de prestaciones fiscales, no ha querido referirse a la presentación que hizo el Consejo de Defensa del Estado, que pidió anular la suspensión del procedimiento que permitió al parlamentario no enfrentar un juicio oral.
El abogado Mario Rojas, representante del diputado PPD por Talcahuano y Hualpén, sostuvo que no ha visto el escrito que el CDE ingresó al Juzgado de Garantía, por lo que se excusó de realizar declaraciones en relación a la causa.
El lunes pasado, Campos llegó a un acuerdo con la fiscalía para devolver 4 millones 138 mil pesos que recibió por pago de horas extras injustificadas entre 2008 y 2009 mientras se desempeñaba como administrador del municipio de Hualpén.
Además de reintegrar el dinero cuestionado, el diputado debe fijar domicilio por un año. De acuerdo a lo explicado por el Ministerio Público, esta salida alternativa se dio porque Campos se exponía a una pena no superior a los 41 días, debido a la época en que ocurrieron los hechos.
Sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado cree que con este acuerdo se ha entregado una señal equivocada y que ellos como querellantes van a insistir en la obtención de una condena para el diputado.
Se trata de una arista del caso Rivera en que el ex alcalde de Hualpén fue condenado a dos penas de 541 días de presidio por delitos económicos.
Por esto precisamente, y habiendo condenados en la causa principal, el CDE insistirá si es necesario con una apelación ante la Corte penquista, pues se considera víctima y no fue notificado del acuerdo a que llegaron el parlamentario y la fiscalía en Talcahuano.
