La Corte de Apelaciones confirmó el fallo que absolvió a los ocho gendarmes imputados por la muerte de 81 reos durante el incendio que afectó a la cárcel de San Miguel, el 8 de diciembre de 2010. Los familiares de las víctimas reaccionaron con indignación y anunciaron que recurrirán a organismos internacionales.
Por dos votos a uno, la primera sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó los recursos de nulidad contra el fallo absolutorio que dictó el sexto tribunal oral en abril pasado, tras 9 meses de juicio.
En aquella oportunidad los jueces calificaron de desprolija la investigación de la Fiscalía Sur que comenzó en manos del ahora ex fiscal Alejandro Peña y que concretó el actual fiscal jefe regional, Raúl Guzmán.
Tras escuchar la resolución, que pone punto final a este proceso sin culpables, familiares como Angélica Yáñez, hermana de uno de los internos que murió calcinado, criticaron con rabia al Estado.
Uno de los abogados de las familias de las víctimas, Boris Paredes, anunció que recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
No obstante, de tratarse de un recurso extraordinario, el fiscal Guzmán advirtió que analizarán una queja contra los jueces.
Los funcionarios absueltos del cuasidelito de homicidio son los centinelas Fernando Orrego, Francisco Riquelme y José Poblete, junto a los oficiales José Hormazábal, Patricio Campos, Segundo Sanzana, Jaime San Martín y Carlos Bustos.
El jefe jurídico de la Defensoría Penal Pública, Nicolás Orellana, organismo que representó a los imputados, recordó que su institución no puede celebrar este fallo, porque antes de la tragedia defendía a varias de las víctimas.
La clave de la absolución de los 8 gendarmes está en el peritaje que ordenó realizar la defensoría que cuestionó la tesis de la Fiscalía Metropolitana Sur, que establece que las llamas se expandieron en un periodo de 40 minutos.
En estrado el perito Alexis Vassilius, demostró que el incendio demoró en instalarse entre 4 a 6 minutos -como máximo- lo que habría impedido la reacción de los funcionarios de Gendarmería para intentar desencerrar a los internos.
