Este martes comienza la votación en la Cámara de Diputados, del proyecto que pone fin al sistema Binominal y aún se mantienen las discrepancias al interior de la Nueva Mayoría, sobre la forma en que se financiará el aumento de parlamentarios.

El presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker hizo un llamado a la oposición a apoyar la propuesta del Ejecutivo.

Tras el comité político del lunes, el presidente del Partido Radical y vocero de la Nueva Mayoría, Ernesto Velasco aseguró que esta semana se le dice “chao” a 25 años del sistema electoral Binominal, que a su juicio ha distorsionado la representación de las mayorías en el Congreso Nacional.

En esta línea, Velasco aseguró que el financiamiento es una discusión menor, frente a la legitimidad que entregará el nuevo sistema proporcional inclusivo, impulsado por el Ejecutivo.

Mientras, el senador y presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker hizo un llamado a la oposición a sumarse a la propuesta y recordó el acuerdo alcanzado con Renovación Nacional en el año 2012.

Sin embargo, no todos al interior del pacto oficialista tienen la misma opinión en torno al costo de la iniciativa, que ya fue aprobada en la comisión de Hacienda de la Cámara.

Uno de los principales críticos a la propuesta del Ejecutivo, ha sido el diputado PPD, Daniel Farcas quien no está por rebajar las asignaciones parlamentarias y señaló que es necesario un financiamiento extra para el aumento de parlamentarios.

Otra propuesta es la que plantea el diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, quien rechazó una rebaja a las asignaciones y dijo estar por reducir la dieta parlamentaria.

El ministro vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde, calificó el proyecto como un paso fundamental para la Democracia y señaló que los otros temas relacionados, como lo subpactos y la cuota de género, deberán ser resueltos por los propios partidos.

El proyecto que comenzará a ser votado este martes en la sala de la Cámara, eleva a 155 el número de diputados y a 50 el de senadores,costo que según el Gobierno deberá ser asumido por el Poder Legislativo.